Los inspectores de pesca continúan su huelga indefinida para reclamar mejoras laborales, por tercera semana, mientras en los puertos se ralentiza la vigilancia y se nota especialmente en las granjas del atún rojo, donde los paros impiden la actividad y provocan pérdidas económicas, según los armadores.

La huelga, promovida por los sindicatos CCOO y ELA, tiene como objetivo reivindicar mejoras salariales y de las condiciones de trabajo del colectivo de inspectores de pesca marítima, formado por 170 funcionarios que trabajan en los servicios centrales de Madrid y en los puertos.

La presidenta de la Asociación de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda, ha declarado este lunes a Efeagro que el paro "sigue adelante" sin fecha de finalización, a la espera de que la Administración se reúna con los representantes de estos profesionales.

Apipes ha cifrado en el 60 % el seguimiento en la periferia y el 30 % en Madrid, además de subrayar que en los puertos ha caído el control desde que comenzó la huelga, con una bajada de actas del 60 % respecto a la misma época de 2024, en plena costera de la anchoa y de la Caballa del Cantábrico.

Por su parte los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación facilitados hasta ahora bajaron a una media del 33 % el seguimiento, pero solo reflejaron la primera semana de paros.

Efectos en el atún rojo

Después de tres semanas, entre las consecuencias destaca la alteración de la actividad del engorde del atún rojo, porque en el caso de esta pesquería la normativa exige que los movimientos estén controlados por inspectores.

El director adjunto del grupo catalán Balfegó, Juanjo Navarro, ha señalado a Efeagro que la huelga está generando "pérdidas económicas de decenas de miles de euros" en las instalaciones, porque la mayoría de las actividades requieren la presencia o la intervención de inspectores.

Balfegó -con sede en L´Ametlla de Mar (Tarragona)- es una de las dos empresas armadoras de barcos de la modalidad de cerco -la más industrial- que captura el atún rojo del Mediterráneo.

Navarro ha explicado que en las granjas de un control general de actividades por parte de inspectores, desde la validación de los documentos de captura a la emisión de certificados cuando se sacrifica un atún o el traslado de peces entre las jaulas y el registro en plataformas para la exportación.

El responsable de Balfegó ha detallado que de momento la huelga no es "bloqueante", pero sí limita y que aunque la Administración se ha comprometido a enviar servicios mínimos tardarán una o dos semanas y esta empresa teme la fecha fijada no se pueda inspeccionar por mal tiempo, lo que demoraría el funcionamiento "varias semanas más".

Pero Navarro ha alertado de que si sigue el conflicto el daño puede ser "gravísimo" para la próxima campaña, que empieza el 26 de mayo para la flota de cerco, que sale ese día a pescar sus atunes.

Si no se soluciona, ha añadido, la empresa no será viable, sufrirá pérdidas "millonarias" y "se verá imposibilitada para trabajar posiblemente a mediados de julio".

"Puede ser ingobernable porque hasta que ellos no verifican las capturas y los atunes o dan el visto bueno, la empresa no puede sacrificar, la empresa no puede vender", ha añadido, además de pedir a la Administración que "tome cartas en el asunto" y que se negocie una solución.