Con 8,436 embarcaciones registradas el año pasado, Panamá continúa teniendo el mayor registro de naves del mundo. Se trata de un negocio que genera $80 millones al año a la economía panameña y que ha sido favorecido por la posición geográfica del país, que conecta el océano Pacífico y el mar Caribe, y que lo ha convertido en una de las rutas más importantes del comercio marítimo mundial.

El registro naviero panameño opera bajo un esquema abierto que facilita la inscripción de buques que buscan evitar las estrictas regulaciones de otros sistemas (registros cerrados).

Los registros abiertos, a veces denominados de forma peyorativa como ‘banderas de conveniencia’, han sido polémicos desde que empezaron a operar en la segunda década del siglo XX, asociados a modelos con pocos controles e importantes ventajas fiscales y laborales.

El 60% de la flota mundial está inscrito en registros abiertos, de los cuales un 20% es controlado por Panamá, que emplea a cerca de 300 mil marinos de distintas nacionalidades.

Panamá no está solo en este mercado. Liberia, Islas Marshall, Hong Kong y Singapur también están compitiendo en el negocio. Aunque estos registros no le pisan los talones al registro panameño, sí son más competitivos.

Liberia, el más cercano competidor de Panamá, registró 3,161 naves el año pasado, mientras que Islas Marshal, 2,278; Hong Kong, 2,367 y Singapur, 3,477.

MODELO PRIVADO VERSUS PÚBLICO

La competencia se ha hecho más férrea con el pasar de los años porque los otros registros están operando bajo una estructura privada y no estatal, como el panameño, y esto permite ofrecer, negociar y estructurar tarifas entre los usuarios. Además, estas estructuras son menos exigentes al momento de registrar las embarcaciones.

Esta flexibilidad le ha dado muy buenos resultados a los registros competidores, detalló Fernando Solórzano, director de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

A pesar de esto, ‘nuestra distancia en relación con otros registros es significativamente grande’, tanto en número de naves como en carga transportada (tonelajes), explicó Solórzano.

A pesar de su aparente éxito, ya algunos sectores han venido advirtiendo de la necesidad de una reestructuración del sistema de registro panameño, para hacerlo más competitivo y mantener su posición.

SUGIEREN CAMBIOS

‘Considero prudente remarcar que el registro requiere una inmediata reestructuración que espero acometan las nuevas autoridades con la ayuda de los más altos niveles del gobierno’, recomendó Alfonso Castillero, exdirector de Marina Mercante de la AMP, en su carta de despedida a los clientes de la flota, en junio del año pasado. Castillero también recomendó descentralizar la marina mercante panameña.

La burocracia estatal afecta el crecimiento del registro, confirmó Solórzano. ‘Por ejemplo, el cambio en las plataformas de sistematización del registro panameño es mucho más lento, porque no depende de la decisión de una administración, sino que debe pasar por un proceso de actos públicos’, explicó el administrador de la flota.

‘La competencia se maneja como una empresa privada, dirigida por las figuras del presidente y vicepresidente, quienes toman las decisiones y estrategias del registro’, señaló.

Pero no todo es malo en el sistema público. El registro panameño está apoyado por un Estado, no por una empresa, por lo que el riesgo de una quiebra es prácticamente inexistente.

‘Los controles públicos son necesarios porque, de lo contrario, los cambios quedarían en las manos de un administrador o director, lo que implicaría decisiones muy libres que podrían tener consecuencias’, recalcó Solórzano.

BENEFICIOS AL ESTADO

Adicional a esto, el sistema ofrece una serie de beneficios al Estado. Los ingresos que genera este negocio son utilizados en la construcción de carreteras, caminos y escuelas, entre otros.

Esto convierte en casi una utopía la privatización del registro panameño, por lo menos por los próximos cinco años.

Por el contrario, la administración panameña está lanzando estrategias para sumar naves más jóvenes y con menos posibilidades de accidentes marinos.

INCENTIVOS

La nueva administración del registro, que asumió el control en julio del año pasado, ya empezó a diseñar estrategias para impulsar el crecimiento de la actividad que el año pasado no alcanzó avances significativos al cerrar en un 0.5%, inscribiendo sólo treintas nuevas naves (Ver gráficas). A ese ritmo ha venido creciendo en los últimos años.

INCENTIVOS

La autoridades del sector pretenden revertir esta tendencia. En su intento por mantener el liderazgo que ostenta desde 1,993, la marina mercante panameña implementó un descuento anual del 95%, por dos años, a todos los barcos menores de cinco años que permanezcan en la flota durante un quinquenio (2014 - 2019).

Registrar una nave en Panamá puede costar desde $10 mil hasta $30 mil, dependiendo de las tasas que correspondan.

El derecho internacional establece que cada nave mercante debe estar registrada en un país, conocido como Estado Bandera. Esta nación tiene jurisdicción sobre el buque y es responsable de garantizar que sea de segura navegación y de revisar las condiciones de trabajo de la tripulación.

El principal cliente de la flota panameña es el mercado japonés, que tiene 2,542 de las 8,436 embarcaciones. El mercado griego, tailandés y filipino también tiene una alta presencia de embarcaciones con banderas panameñas.

El istmo cuenta con una pequeña flota de transporte marítimo, así como bufetes especializados en derecho marítimo y empresas que ofrecen servicios marítimos (armadores) situadas alrededor de los puertos y del Canal de Panamá, que complementan los servicios a la flota del registro panameño y a la vez generan empleos e ingresos al país.

COMENTARIOS DE AEMC

 

La bandera de Panamá, como cualquier otra bandera de conveniencia,  es uno de los tinglados administrativos ideados para satisfacer  los deseos del capitalismo salvaje,  cuya codicia no soporta unas reglas de juego que garanticen un mayor respeto por las personas, por la vida humana en la mar y por el medio ambiente y por ciertas contribuciones fiscales. –es obvio que no todos sus navieros alcanzan los mismos niveles de burla a la sociedad y a las normas de seguridad-, pero constituyen,  junto con el militarismo náutico y la tecnoburocracia naval la mayor lacra de la Marina Civil.

 

La OMI si realmente representase y defendiese los principios y valores que invoca constantemente, hace décadas que hubiese hecho lo posible por acabar con este tipo de instrumentos indecentes.