ACABAR CON EL SILENCIO
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- Published on Tuesday, 30 March 2004 00:00
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Ruedan estos días por los teléfonos y en las reuniones los nombres que han de personalizar el cambio de las autoridades marítimas. Algunos se postulan sin complejos, siguiendo la máxima de aquel presidente del Gobierno llamado Aznar López. Otros se ofrecen por la vía de enviar sentidos mensajes (a veces, sesudos mensajes) a los correos electrónicos de quienes presumen influyentes o decisivos. Otros esperan agazapados en el silencio de los corderos. Quede claro que todos actúan con legítima ambición, y que el procedimiento sólo revela el estilo y los modales de cada cual, aunque hay posturas que no distan mucho de la simple mala educación. Pero no vamos a entretenernos ahora en detalles estilísticos, porque lo que está en juego no son las meras formalidades, sino el contenido político –el programa, pudiéramos decir- que el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero debería aplicar a la Marina Civil.
Aunque existen algunos renglones al respecto en documentos electorales y de otro tipo, la verdad es que programa concreto y preciso del cambio necesario en el mundo marítimo está por escribir. Por ejemplo, hay que hablar alto y claro sobre la democratización imprescindible de la Dirección General de la Marina Mercante. La experiencia de los últimos 25 años nos muestra una Administración opaca, o sin apenas transparencia, las más de las veces dirigida con autoritarismo y basada en el temor que genera la bota del poder y el dedo designador. La gestión administrativa de las Capitanías Marítimas resulta no sólo caótica y en la frontera de la pura ilegalidad, además está roída por prácticas irregulares, de forma que los ciudadanos se acercan a ella con miedo y cierta repugnancia. Por eso, una mayoría de ciudadanos prefieren gastarse el dinero y acudir a una de esas gestorías que gozan del favor de los funcionarios a fin de resolver cuestiones de registro o certificados del barco. La Administración marítima se halla todavía en un estado predemocrático, preconstitucional, si lo prefieren, y ese cambio es, al menos en mi opinión, prioritario.
O acabamos con el malsano amiguismo en el nombramiento de cargos más o menos intermedios, con las contrataciones amañadas y con el trágala indiscutible con que suelen actuar los directores generales, o frustraremos por segunda vez las esperanzas de mejora y modernización con que el PSOE ha ganado las pasadas elecciones del 14 de marzo. A esa transformación básica y elemental hay que añadir, por supuesto, la larga lista de reformas y reorganización que requiere la gestión de la Administración marítima, en particular en el capítulo de la seguridad, auténtica clave de las competencias estatales en materia marítima. En este ámbito, las ideas que están sobre la mesa son bien conocidas: pasar del modelo dual Capitanías-Torres de salvamento, a un proyecto integral de agencia de seguridad marítima en la órbita del modelo coast-guard. Serán necesarias ciertas inversiones, pero pretender que el mero gasto en medios materiales es la única política para mejorar la seguridad marítima, sin acometer los cambios organizativos y políticos apuntados, sería volver a cometer los graves errores del pasado. Evitar que esta segunda posibilidad de cambio se frustre no es tarea exclusiva del partido ganador de las elecciones. Los profesionales del sector –un amplio abanico que va desde el mundo académico, al sindical, empresarial y portuario- tenemos mucho que decir. No poca responsabilidad tenemos en la miseria de la Administración marítima actual. Porque hemos callado demasiado, porque preferimos la intriga al debate, porque nos deleitamos en el elogio y despreciamos las críticas, porque ni siquiera somos capaces, ahora que tenemos el cambio en el horizonte, de discutir ideas y proyectos de forma abierta y civilizada. En fin, porque seguimos confundidos en el miedo y pensamos que el silencio resulta preferible al riesgo de equivocarse. Nos equivocamos, el miedo resulta siempre un pésimo consejero. El silencio es un camino de rosas para los trepadores incompetentes, para los ineptos que, sin ideología y sin escrúpulos, convierten su mudez en méritos enigmáticos y para los autoritarios que emboscan su incapacidad en un permanente “sí señor”. Soy consciente de nuestra situación bajo mínimos como sociedad civil marítima, no ya incapaz de empujar nuevas ideas y excitar a las autoridades, sino incapaz incluso de defender a un capitán inocente, atropellado por la estulticia de un director general de bajo voltaje (o de pocas luces, si ustedes quieren), que necesitaba un chivo expiatorio para esconder sus responsabilidades. Propongo desde este foro abierto (¡bendito internet!) desterrar todos los temores, los reverenciales y los interesados, los administrativos, los biográficos y los miedos que se exhiben como prudencia, y empezar a pronunciarnos como profesionales críticos dispuestos a no transigir con la arbitrariedad, decididos a debatir cómo arreglamos esto para que el futuro sea mejor. Aunque no soy el más indicado, empiezo yo mismo:
1. El perfil que considero idóneo para el nuevo director general, habida cuenta del duro trabajo reorganizativo que ha de acometer, pasa por una persona con experiencia política que haya demostrado, al menos, tener ideología y escrúpulos; con preferencia marino de profesión y con amplios conocimientos de seguridad marítima; que conozca, a ser posible, la casa que ha de dirigir y reformar; con ganas de trabajar y profunda cultura democrática. Alguien como por ejemplo José Luis Gabaldón, por citar un nombre bien conocido. (Entre paréntesis, descalificar un nombre por su adscripción partidista, real o inventada, nos lleva a caer en una falacia inaceptable. Importan los méritos de la persona, su valía y no sus simpatías por el PP, IU, el PSOE o Esquerra Republicana).
2. Considero necesario crear, al menos, una comisión técnica de investigación de la gestión del accidente del Prestige. No podemos permitirnos el lujo de un carpetazo o un pasar página cómplice a una tragedia con tantas dimensiones. Debemos afrontar aquello que no se hizo bien para no volver a caer en los mismos errores y aprender, de verdad, de la experiencia. Los resultados de esa comisión habrían de publicarse en la página en red del Ministerio y de la Dirección general para público conocimiento.
Los que argumentan “razones de Estado” para esconder la podredumbre bajo la alfombra pretenden engañarnos. La verdadera razón de Estado es que conozcamos la verdad para tener la oportunidad de aprender. Todo lo demás es jugar a estadistas de cartón piedra y arriesgarnos a que mañana nos endilguen la misma falsa razón para tapar otras miserias. 3. Abogo por revisar a fondo la situación de Sasemar, crear una agencia integrada de seguridad marítima con capacidad de decisión en el ámbito de su competencia y reformar a fondo la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Existen varios modelos de gestión de los asuntos marítimos: más o menos ligados a la gestión portuaria; más o menos relacionados con la Armada; con más o menos competencias en materias conexas; más o menos descentralizados o federales. No estaría de más recuperar las reflexiones de la COMINMAR y actualizarlas, abriendo la discusión a foros no sólo administrativos. En cualquier caso, la autoridad en seguridad marítima ha de tener una gran profesionalidad y una total independencia para la toma de decisiones técnicas. Por supuesto, creo que nuestro país necesita un organismo marítimo de mucho mayor nivel político y administrativo que una simple Dirección general. 4. Y última propuesta por hoy. Considero necesario crear un amplio plan de formación, modular y con distintos niveles, para los funcionarios y contratados que dependen de la DGMM. No nos podemos permitir tener autoridades marítimas mediocres, inspectores deficientes y, en general, funcionarios que apenas aplican los principios constitucionales en su trabajo y en sus relaciones con los ciudadanos. Ya sé que estas propuestas son todavía muy vagas y elementales. Estoy seguro que si se anima el debate podremos apuntar con más precisión. PS. Finalizada la redacción de este artículo he tenido acceso al publicado en esta página con el número 370, “La herencia maldita”, firmado por la AEMC. Aunque la acumulación de denuncias y propuestas deja un regusto incendiario, vaya por delante que quien quiera que haya escrito ese texto ha puesto el dedo en muchas de las llagas que aquejan a la política y a la Administración marítima española. En una improvisada aportación, creo que la confusa trama de que se habla al final del artículo ha de ser analizada con más detalle, diferenciando lo que pueden ser intereses empresariales legales de supuestas (y a veces no tan supuestas) conductas cómplices desde la propia Administración marítima. Habrá que volver sobre ello, y sobre otros puntos de enorme interés que plantea “La herencia maldita”.