El voto como inversión de futuro.

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AEMC

Lo que se está debatiendo en este período de precampaña electoral en España —en realidad, una campaña anticipada y ampliada artificialmente— no es un simple intercambio de siglas. Lo que verdaderamente se dirime es si la ciudadanía apoya de forma mayoritaria que la desigualdad siga incrementándose a niveles insoportables o que se frene y retroceda. Nos enfrentamos a una estrategia donde los sectores más poderosos de la sociedad ven el bienestar común como un botón que pueden arrebatar impunemente a la clase media, mientras que a las clases más vulnerables están condenadas da una ruina estructural. El mecanismo es tan viejo como voraz: rebajar salarios y privatizar pensiones, especular con la vivienda convertida en un objeto de mercado, privatizar la educación, la sanidad, la energía y los transportes. Es decir, apropiarse y encarecer hasta el límite de lo posible todo aquello que, por pura justicia social, debería ser de acceso universal.

Esta ola de avaricia descarnada tiene un origen geográfico fácilmente identificable. Se utiliza para su propagación gratificada una ideología de extrema derecha que sin duda en colonizar el espacio público a través de lo esperpéntico, el insulto, el bulo mediático y la violencia. Para consolidar su avance, este entramado se nutre de la impunidad frente a la calle, las cargas policiales desproporcionadas, decisiones judiciales escandalosas y una persecución política persistente. Son prácticas importadas, diseñadas por aquellos que comparten la cúpula del poder global y que consienten, ya sea por acción u omisión, la actuación de un auténtico asesino en serie de un pueblo hambriento e indefenso.

Ante este escenario, la responsabilidad individual en las urnas es total. Cada persona es libre de elegir el color y los valores que encierra la papeleta que introduce en la urna. Sin embargo, la historia reciente demuestra que muchos de los que ejercieron su derecho guiados por la simple apariencia, los gestos ensayados, los bailes o la locuacidad de los candidatos, terminaron siendo víctimas de su propia falta de reflexión objetiva. Hoy, esos electores engrosan el creciente pelotón de los arrepentidos o militan en la abstención por puro desencanto.

El mayor peligro de este letargo ciudadano es que facilita el objetivo último de los depredadores de la riqueza ajena: la destrucción del Estado y de sus instituciones. Se fomenta así una flagrante y cínica contradicción. Cuando sobreviene una catástrofe, los sectores más ultras urgen y exigen al Estado que afronte grandes inversiones e indemnice a los damnificados; pero, simultáneamente, sostienen el discurso diario de que el Estado roba por el mero hecho de recaudar los impuestos necesarios para sostener el país.

Para culminar esta estrategia de desmantelamiento, la violencia transmuta de significado en función de quién la ejerza o contra quién se dirija. Bajo este doble rasero, la coacción sistémica y la represión desde el poder se camuflan como herramientas de orden y legalidad, mientras que la legítima protesta social es criminalizada, convirtiendo la defensa de los derechos colectivos en una amenaza perseguible. El voto, por tanto, ya no es solo una elección partidista, sino el último dique de contención frente a la privatización de nuestras propias vidas.