En un escrito de acusación conciso pero rotundo, el fiscal considera que tanto el capitán del “Villa de Pitanxo” como el administrador y el director de flota de la armadora del buque, Pesquerías Nores, contribuyeron al hundimiento del barco, ocurrido el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova, en el que murieron 21 tripulantes. Así, solicita para cada uno de ellos una pena de prisión de 9 años por 21 delitos de homicidio imprudente y un delito de lesiones imprudentes en concurso con otro contra los derechos de los trabajadores. Además, pide 13 años de inhabilitación para ejercer como patrón de buque en un caso y como administrador o director de sociedades dedicadas a la pesca marítima en los otros dos.

A diferencia de las acusaciones, el fiscal entiende que un único hecho causó las 21 muertes de ahí que pida una pena total y no individual por cada uno de los fallecimientos.

En su escrito, el representante del Ministerio Público asegura que el hundimiento se produjo por una inundación progresiva e incontrolada del buque a través, principalmente de la tolva de desperdicios del parque de pesca, que se mantenía abierta durante el virado del arte en condiciones de un fuerte temporal. Esa entrada de agua provocó la pérdida de estabilidad del barco, que acabó escorando y hundiéndose.

Sostiene que los tres acusados, el capitán Juan Padín; el administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; y el director de flota, José Antonio Nores Ortega “tenían facultades de decisión, ejecución y control sobre el trabajo desempeñado y permitieron que se desempeñara la actividad en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con grosero desprecio para la vida e integridad física de los tripulantes, lo que desembocó en el fatal desenlace”.

Así, señala que el buque estaba sobrecargado por unos tanques de combustible, “instalados sin autorización legal” y que los tres acusados “autorizaron y consintieron que se hicieran modificaciones al buque para poder cargar más combustible y que los calados a salida del buque fueran mayores que los autorizados en su libro de estabilidad”. Sostiene que en el momento del accidente, había entre 251 y 258 metros cúbicos de combustible a bordo y 132 toneladas de pescado. “La sobrecarga del buque redujo significativamente la probabilidad de supervivencia en caso de inundación con gran influencia en el tiempo que la tolva de desperdicios permanece sumergida con mal tiempo”, afirma el fiscal que añade que el capitán, con incumplimiento de sus obligaciones “no tomó medidas precautorias en el buque ante la posibilidad de virada en condiciones meteorológicas muy adversas, como asegurar el cierre de todas las aberturas del casco y las puertas estancas”. Pero además, “no valoró adecuadamente la situación del buque en la última fase de la maniobra y dio la orden de abandono del buque demasiado tarde, al no ser consciente de la gravedad de la situación. Cuando se dio, las probabilidades de salvarse eran muy reducidas”.

En cuanto a los armadores, el fiscal afirma que “con incumplimiento de sus obligaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores” no configuraron adecuadamente las vías de evacuación del buque, lo que dificultó su abandono y no cumplieron con la obligación de existencia de una escalera de estribor tal y como estaba previsto en el Plano de Salvamento del Buque. Añade que no consta que a bordo los armadores hubieran facilitado instrucciones sobre lo que tenía que hacer cada tripulante en caso de emergencia; determinaron la localización de los trajes de inmersión y chalecos salvavidas en los camarotes de forma que se dificultó su recogida y no ordenaron ni supervisaron la realización de ejercicios de salvamento.

A mayores, el Ministerio Público les acusa de permitir que el buque navegara en aguas frías, a pesar de no estar autorizado para navegar en zonas de hielo y no facilitaron a los tripulantes formación y conocimientos para prevenir la hipotermia. También, indica que no habían realizado la revisión obligatoria de los trajes de inmersión y que ninguno de los que fueron encontrados cumplía con las prescripciones aplicables a los chalecos salvavidas, ni disponían de cámaras de flotabilidad, ni luces.

Pagos de entre 400.000 y 600.000 euros por familia

En cuanto a las indemnizaciones, la Fiscalía pide que los acusados, de forma conjunta y solidariamentee y con la responsabilidad civil directa de la aseguradora y subsidiaria de la armadora indemnizarán a los perjudicados y, aunque no concreta cantidades sí establece que estas se corresponderán con las expuestas por las acusaciones particulares Así, las cantidades se establecerían entre 400.000 y 600.000 euros por familia, con el interés legal y el moratorio de la Ley de Contrato del Seguro para la aseguradora British Marine.

COMENTARIOS DE AEMC

El "Villa de Pitanxo", fue ilegalmente reformado, irregularmente inspeccionado, presentaba serias irregularidades, no se le hicieron determinadas pruebas, algunos certificados acreditando que el barco cumplía determinados requisitos técnicos  no se correspondían con el estado real del barco. "Villa de Pitanxo, fue ilegalmente despachado. Fue autorizado a navegar en zona de hielos cuando o tenía expresamente prohibido.

Si todos estos asuntos, cuya incidencia sobre la seguridad del barco y de la vida de las personas a bordo, no  han sido objeto de una inspección rigurosa, si ni so han recabado y preservado todos los documentos, equipos y materiales esenciales para conocer todas las circunstancias que concurren en el accidente. Si las operaciones de búsqueda y rescate en Canadá no han sido examinadas y analizadas con el con el debido rigor y detalle,

¿Gozan de algún tipo impunidad la Administración Marítima y sus funcionarios públicos?

¿Es más rentable para el interés nacional que la Pesca continúe siendo una actividad en la marginalidad y que las personas que navegan en los buques pesqueros españoles no reciban un trato justo por parte del Estado?

El prevaricador blindado es un peligro asegurado.

En España, el bipartidismo y la corrupción parece ser que forman un matrimonio indisoluble.

Es posible que el caso “Villa de Pitanxo” nos lleve a preguntarnos: ¿España, en la Mar, es un Estado de Derecho?. 

La CIAIM no merece más que nuestro rechazo total.

Sobre el clamoroso silencio de quienes están obligados a defender la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, conviene recordarles que, en estos casos, el peor enemigo de la verdad no es la mentira, sino la ocultación y el silencio.

Las familias han sido un ejemplo de lucha y de dignidad en la defensa de sus legítimos intereses y en el conocimiento de la verdad.