Mientras los guardiamarinas del Juan Sebastián de Elcano oteaban en el horizonte la costa gallega, tres de los tripulantes del buque escuela de la Armada prestaban declaración judicial en Pontevedra en el marco de una investigación por narcotráfico. Un juez togado militar se trasladó ex profeso este sábado a la ciudad del Lérez para dirigir y coordinar los interrogatorios, a cuyo término se decretó el inmediato ingreso en prisión de los soldados profesionales de la rama de marinería, según trascendió ayer.

Fuentes judiciales consultadas aludieron a que las sospechas de los investigadores apuntan en la dirección de que los marineros pudieron haberse aprovisionado de cocaína en el puerto colombiano de Cartagena de Indias. El Elcano hizo escala en esa localidad de la costa caribeña durante cinco días, los comprendidos entre el 14 y el 19 de abril, en lo que fue la segunda fase del 85 crucero de instrucción.

Tras abandonar Cartagena, el velero puso rumbo a Nueva York, donde arribó el 10 de mayo. Todo parece apuntar que fue a partir de esa escala cuando empezaron a surgir las primeras sospechas, de tal modo que ya se habría establecido una vigilancia discreta sobre los tres sospechosos, cuya identidad y nacionalidad no han trascendido, cuando el buque abandonó el puerto estadounidense el 15 de mayo.

El itinerario que siguió el Elcano, antes de fondear ante Bueu, lo llevó a visitar las localidades de Dublín, Hamburgo y Oslo. Al parecer, los arrestos se habrían aplazado hasta que la nave entró en aguas de jurisdicción española para, entre otras cuestiones, evitar cualquier tipo de conflicto. Algunas fuentes aludieron incluso a la reciente reforma de la Ley de Justicia Universal. Fue entonces cuando, supuestamente, se formalizaron los arrestos, y los sospechosos fueron desembarcados y conducidos a Pontevedra.

En principio no se ha dado parte de esta investigación ni al juzgado de instrucción que realizaba funciones de guardia, ni a la Fiscalía Antidroga de Pontevedra. La investigación se ha mantenido dentro de lo que es el ámbito castrense, lo que explica que el juez que escuchó en declaración a los detenidos estuviese adscrito a la Justicia militar.

En todo caso, las fuentes consultadas no descartaron que finalmente este magistrado se tenga que inhibir en favor de algún juzgado de instrucción civil, o incluso de la Audiencia Nacional. En este sentido, expertos en Derecho consultados por La Voz precisaron que la jurisdicción militar no puede entender de delitos penales comunes, como podría ser el tráfico de estupefacientes, sino que atiende únicamente a infracciones castrense.

En todo caso, matizaron la posibilidad de que la investigación esté en sus primeros compases, por lo que se explicaría que el magistrado togado militar realice algunas diligencias antes de, llegado el caso, dejar el caso en manos de la Justicia ordinaria.

Eso sí, a priori, los tres detenidos podrían beneficiarse de su estatus militar y no habrían ingresado en una prisión civil, sino que habrían sido recluidos en un centro penitenciario del Ejército. Normalmente, este tipo de decisiones se mantienen mientras no se produce un pronunciamiento condenatorio firme, momento en el que los reos suelen ser trasladados a una cárcel con reclusos comunes