Foro pide una comisión para investigar El Musel
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- Category: El Musel
- Published on Thursday, 30 October 2014 05:37
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- «Queremos soluciones y depurar responsabilidades políticas», explica Carmen Moriyón
- El PSOE insta a «no distraer con referencias al pasado» y acusa al PP de «preferir el ataque al rival a la defensa de las subvenciones europeas»
- RAMÓN MUÑIZ / IVAN VILLAR | GIJÓN
30 octubre 201400:16
El Comercio
Foro Asturias solicitó al parlamento autonómico que abra una comisión de investigación «para determinar las responsabilidades políticas de las irregularidades, ilegalidades y fraude que la Oficina Antifraude comunitaria ha detectado en las obras de ampliación» de El Musel. La portavoz parlamentaria, Cristina Coto, recordó que la Comisión Europea exige a España la devolución de 198 millones y la cancelación de unas ayudas por valor de 49,5 millones más por las irregularidades «cometidas bien por los contratistas, bien por la Autoridad Portuaria, o gracias a la connivencia de ambos».
El asunto «va a tener unas repercusiones muy importantes en cuando a pérdida de fondos y al futuro del propio puerto» -subrayó la diputada de Foro Asturias- «Es una obligación incuestionable que nuestra Comunidad Autónoma determine, en el marco de sus competencias, la legalidad de la ejecución de las obras».
La propuesta ayer por el partido de Francisco Álvarez-Cascos se postula como la quinta comisión de investigación de la legislatura. La Junta General ha logrado concluir las que abrió para analizar el 'caso Renedo' y lo sucedido con el centro Niemeyer. En las próximas semanas se celebrarán las comparecencias en la convocada para estudiar cómo desaparecieron en la Consejería de Medio Ambiente dos documentos claves relacionados con Cogersa. Los portavoces parlamentarios debaten esta semana además el alcance de la futura comisión sobre la fortuna oculta del sindicalista José Ángel Villa y la gestión hecha de los Fondos Mineros.
La experiencia demuestra que este tipo de comisiones «duran alrededor de un año porque aquí se prolongan las cosas sin necesidad», consideró Coto. Aprovechar el tiempo que resta antes de las elecciones de mayo «es cuestión de voluntad política; el tiempo que nos queda de legislatura es el que hay, pero podemos optimizarlo».
Gravedad y cuestiones por aclarar hay de sobra, a juicio de la alcaldesa Carmen Moriyón, quien ayer fue clara a la hora de señalar: «Esto no puede quedar así; hay unos responsables políticos y si no está el señor José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Vicente Álvarez Areces no responde y la señora Paz Fernández Felgueroso ya no está en política, hay un señor que era entonces secretario general de ese partido y hoy es presidente del Gobierno de Asturias». La primera edil gijonesa instó así a Javier Fernández a aclarar «a todos los gijoneses y asturianos por qué se adjudicó la obra a la oferta que no era la más económica; por qué la Autoridad Portuaria puso que se aprovisionaran de áridos de una cantera determinada; cómo puede ser que una de las empresas adjudicatarias fuera copropietaria de esa cantera; cómo se pudo plantear un sobrecoste sin un modificado de proyecto y cómo el director de la Autoridad Portuaria podía ser el director de obra».
Moriyón estima que estas cuestiones «entrañan una gravedad tremenda y están sin resolver». También que «la sociedad ya no tolera esto; en un tiempo en el que la sociedad está pidiendo responsabilidades para todo y se nos rasgan las vestiduras por las tarjetas 'black' y por los ERE de Andalucía, también hay que preguntarse qué paso en El Musel». «Que nadie dude de que todo esto va a pesar en la cuenta de explotación de El Musel durante muchos años», lamentó. «Queremos soluciones y depurar responsabilidades políticas», resumió.
«Situación alarmante»
La posición de la alcaldesa encontró su réplica en el Grupo Municipal Socialista. Coincide en que la reclamación hecha por Bruselas «crea una situación muy alarmante sobre la viabilidad de la gran instalación portuaria», pero apuesta por centrar toda la presión en quien ahora tiene responsabilidades de Estado «en lugar de distraer a la opinión pública con referencias al pasado». Desde ésta óptica, lo que ahora procede es que el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, explique «a la mayor brevedad posible las acciones que tiene previsto adoptar con la mayor trasparencia posible, así como el calendario de dichas actuaciones», indicaron los socialistas.
La formación invitó a la alcaldesa a «secarse las lágrimas de cocodrilo y exigir al Gobierno central una defensa firme de los intereses del puerto aunque eso le estropee el discurso oportunista». El partido que lidera la oposición no eludió el cuerpo a cuerpo municipal y acusó a Moriyón de actuar «como bombero pirómano fingiendo preocupación por un puerto y una actividad industrial que ni ha sabido ni ha querido defender en tres años y medio».
Los socialistas rememoraron que el proyecto de ampliación fue presentado estando Francisco Álvarez-Cascos al frente del Ministerio de Fomento. También destacaron que «aquel Gobierno del PP vetó la construcción de la regasificadora» y apuntan a «las visitas de líderes locales del PP y eurodiputados asturianos del PP para que la UE abriera investigaciones y retirase las ayudas a la ampliación».
La formación que llevará a José María Pérez como candidato sólo tuvo reproches para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que acusó de «zancadillear la puesta en marcha de la regasificadora, nada hace para mantener la autopista del mar y ha preferido el ataque al rival político a la defensa de las subvenciones concedidas por la UE». Hoy la consejera de Fomento, Belén Fernández, será interpelada en la Junta para que explique la situación. UPyD por su parte cursó una pregunta por escrito al Ejecutivo central para conocer si dispone de un informe de Abogacía del Estado «que delimite las posibles responsabilidades de los diferentes gestores» de El Musel.
La Autoridad Portuaria defiende su actuación, «avalada» por el Estado
Rexach se queja de indefensión y amenaza con acciones legales contra quienes «hayan menoscabado mi honor y mi dignidad profesional»
N. PRIETO | GIJÓN.
30 octubre 201400:14
La Autoridad Portuaria de Gijón «actuó en todo momento con arreglo a la legalidad vigente y con el aval de los informes jurídicos, económicos y técnicos emitidos por los organismos competentes de la Administración General del Estado», asegura quien fue presidente de El Musel durante toda la ejecución de las obras de ampliación, Fernando Menéndez Rexach, en un escrito de alegaciones contra el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea.
El citado documento fue entregado por Rexach a la Autoridad Portuaria de Gijón, a Puertos del Estado y al Ministerio de Hacienda, con el objetivo de incluirlo en la respuesta de España a las acusaciones de la OLAF.
No consta que los referidos argumentos hayan sido utilizados, pero Rexach, además de dar respuesta a las «graves acusaciones», con el objetivo de «evidenciar las múltiples contradicciones existentes entre las conclusiones del citado Informe -el de la OLAF- y la realidad de los hechos», indica que no tuvo acceso oficial al mismo, a pesar de estar afectado, y amenaza con acciones legales contra quienes «hayan menoscabado mi honor y mi dignidad profesional».
Rosa Aza afirma que Puertos del Estado «se defiende a sí mismo» al replicar a la CE
Rexach asegura también, para salvaguardar la actuación de la Autoridad Portuaria de Gijón, que «los numerosos informes de la abogacía del estado ponen de manifiesto la constante actuación ajustada al derecho español y la ausencia de incumplimientos de lo establecido en el derecho comunitario», circunstancia que haría absolutamente injustificada la reclamación europea de los fondos aportados. Pero, según el escrito del expresidente portuario, en el acta elaborada por los servicios comunitarios, tras una audiencia celebrada en Bruselas en 2010, «se concluía que la actuación había estado en todo momento dentro de la legalidad».
Rexach achaca a que la OLAF confunde y mezcla distintos materiales de construcción en muchas de las cifras que aporta sobre cantidades y precios, además de negar que la UTE obtuvo gratuitamente una parte importante de los rellenos empleados. A juicio de Rexach, la OLAF realiza suposiciones infundadas y conjeturas erróneas que no incluyen pruebas.
En cuanto al control económico, el mismo documento destaca que «el control económico se llevaba a cabo de acuerdo con el correspondiente manual elaborado por Puertos del Estado, quien se encargaba de supervisar todas las solicitudes de fondos realizadas cada seis meses, siguiendo la práctica habitual llevada a cabo en proyectos similares».
En similar sentido se expresó ayer la actual presidenta de El Musel, Rosa Aza, quien indicó que Puertos del Estado se defiende a sí mismo cuando prepara la respuesta a la Comisión Europea.