AEMC rechaza el proyecto “Estrategia Marítima de España 2024-2050”, presentado por la DGMM
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- Published on Thursday, 19 September 2024 14:57
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Cap. José A Madiedo Acosta
20 de septiembre de 2024
España, desde el punto de vista marítimo, padece diversas patologías, alguna de ellas probablemente crónica. El tratamiento de las mismas exige un diagnóstico previo, un examen en profundidad, para lo que es ineludible recoger datos, analizarlos por parte de expertos, evaluar y calificar los diversos problemas actuales, señalar deficiencias, especificar causas, proponer y debatir soluciones. Lo que no procede es precipitarse en formular recetas arbitrarias e insostenibles, como se ha venido haciendo a lo largo de las últimas décadas. *
Una situación indefendible
No hay duda de que la situación actual de la Marina Civil es insostenible, como ya se ha dicho; lo es desde hace varias décadas; por lo que es más que razonable pedirle a este gobierno que no vuelva a reincidir en propuestas viciadas como las que desembocaron a principios de los noventa en la nefasta ley de Puertos, o en 2014 en la estéril ley de Navegación Marítima, cuyos efectos combinados sobre la Marina Civil son evidentes. Que la balanza española de fletes presente actualmente un saldo negativo que ronda los 10.000 millones de euros; que la flotas de comercio y pesca bajo bandera española hayan caído en picado; que en caso de conflicto bélico la dependencia de las flotas extranjeras sea muy grande; que la mayor parte de las tripulaciones de la flota española vayan a ser extranjeras; que el REBECA, (Registro de buques de Canarias) sea un auténtico fiasco; que se sigan derrochando recursos públicos en infraestructuras portuarias ociosas; que las aguas costeras y el litoral español, incluidas muchas playas, presente un grave estado de contaminación; que el descontrol sobre las aguas de lastre de los buques que llegan a nuestros puertos esté generando una visible presencia en las playas españolas de especies procedentes de otros mares: medusas, etc.; que se hayan esquilmado los caladeros; que no exista un servicio eficaz de guardacostas; que esté fomentando irresponsablemente la desprofesionalización de la Administración marítima; que SASEMAR sea una mala caricatura de lo que debería de ser, que se haya agudizado la falta de relevo generacional; que se esté propiciando la infrautilización de las Escuelas Superiores de la Marina Civil; que no haya un buque de prácticas como corresponde a un país como España; que el astillero público Navantia sea un pozo sin fondo; que los índices de siniestralidad alcancen niveles injustificables; que la CIAIM y su investigación de los accidentes marítimos hayan caído en el desprestigio total; que el caso “Villa de Pitanxo” haya dejado al descubierto los vicios e irregularidades de una red tecnoburocrática cuyo modus operandi es intolerable; que la investigación de pecios históricos se haya militarizado y sea un auténtico escándalo -con la supuesta complicidad de algunas autonomías-; que la historia de la Marina Civil se esté adulterando; que ya haya más oficiales de la marina militar que oficiales españoles de la marina civil; que el Instituto Social de la Marina se haya convertido en una institución desleída; que se estén utilizando algunas corporaciones públicas de los marinos civiles como comparsas subvencionadas para la aprobación de normas aberrantes; y tantos asuntos que por ser de sobra conocidos no es cuestión de reiterar nuevamente.
Además, España, en el ámbito marítimo, sigue pendiente de una transición real y efectiva de la dictadura franquista al régimen democrático consagrado en la Constitución de 1978.
Entender para resolver
Sería perentorio que las fuerzas políticas entendiesen que el problema rebasa los límites de los intereses gremiales, militares o corporativos: es un problema de Estado. Es el interés general de España como país marítimo el que se encuentra gravemente afectado por la abulia manifiesta de los poderes públicos hacia la Marina Civil, empezando por su falta de reconocimiento institucional. La actuación del Estado español frente al accidente del petrolero “PRESTIGE” en las costas de Galicia en el año 2002, destapó las graves carencias del modelo impuesto por la ley de Puertos, pero lejos de servir de señal de alarma y de urgente enmienda del mismo, se adoptó irresponsablemente como modelo a seguir. Siendo esa una de las razones fundamentales de la situación actual.
La situación actual no se resuelve ni desde los sectarismos ni desde la arrogancia.
Los navieros, los pocos que quedan, están en su legítimo derecho de defender con firmeza sus intereses empresariales, pero el futuro de la Marina Civil española no debe quedar hipotecado por las estrategias de un grupo empresarial reducido, por mucho que pueda contar con el apoyo de funcionarios e instituciones corporativas que le brindan su incondicional fidelidad y apoyo. Los datos constatables demuestran que existe un desencuentro evidente entre los intereses del Estado y el de esos grupos minoritarios. Tres décadas es tiempo más que sobrado para confirmar las referidas discordancias.
De cara al futuro
Se avecinan tiempos de profundos cambios tecnológicos en todos los sectores productivos y en la defensa del planeta en el que habitamos, del que los océanos son una parte sustancial. Esos cambios tendrán efectos visibles sobre el transporte marítimo, la pesca, el uso de energías verdes, etc.
Es por tanto necesario modernizar y actualizar las estrategias para afrontar con posibilidades de éxito esos nuevos cambios y mantener la capacidad de competir en los mercados que se configuren a partir de ellos. Excluir a los marinos civiles de los procesos evolutivos en los que estamos inmersos y mantener las actuales prácticas de eliminación dosificada de los profesionales de la Marina civil solamente puede ahondar en el fracaso que España está padeciendo.
La Marina Civil Española requiere para su desarrollo y modernización contar con equipos humanos bien cualificados; barcos bien diseñados y construidos para competir más allá de nuestras fronteras; puertos capaces de coadyuvar al desarrollo de un cabotaje eficiente, limpio y de bajo coste; es necesario potenciar con eficacia la protección de los caladeros de pesca. Pero nada de eso se podrá alcanzar aplicando las mismas pautas y estrategias viciadas que nos han traído hasta donde nos encontramos. Es momento de apertura, de diálogo, de poner datos reales encima de la mesa, de participación real de todas las partes implicadas, de transparencia, de respeto por todas las partes que integran la Marina Civil.
Lastres crónicos
Militarismo náutico y teconoburocrácia naval, cuyo espacio debe de ser delimitado y respetado mediante la promulgación inaplazable de una ley de Marina Civil son, junto con la pobre cultura marítima del pueblo español, y especialmente, -salvo excepciones- de la clase dirigente, el mayor obstáculo para que España pueda recuperar sus señas de identidad como país marítimo y hacer aprovechamiento y racional utilidad de su condición de península ibérica.
Marina Civil sin marinos civiles es pura utopía.
Por las razones expuestas y otras muchas avaladas por más de 30 años de permanencia en el sector de Marina Civil, la Asociación Española de la Marina Civil (AEMC) se siente legitimada para rechazar el proyecto presentado por la Secretaría General y la Dirección General de la Marina Mercante.
*Desde la llegada a España de los Borbones a principios del siglo XVIII, con la coronación de Felipe V, nieto de Luis XIV, rey de Francia, España abrazó un modelo que no ha cosechado más que fracasos en la mar.
Cap. José A. Madiedo Acosta
Presidente de AEMC
Ex director general de la Marina Mercante