El pesquero "Santa Ana" y las operaciones de rescate.

El Cabo de las Penas o Cabo de Peñas (Asturias), que ha registrado una larga nómina de naufragios a lo largo de su historia, ha vuelto a ser el escenario de un trágico accidente en el que han perecido 8 de los 9 tripulantes del pesquero hispano-portugués “Santa Ana”, de 34 años de antigüedad.

Aún es pronto para dictaminar sobre las verdaderas causas del accidente, puesto que son muchos los cabos por atar, pero parece sensato pensar que algunos tripulantes no habían descansado lo suficiente para zarpar de Avilés a las cuatro de la mañana como lo hicieron. El rumbo trazado era peligroso por su proximidad a las rocas de la Erbosa y soplaba un viento que  podía abatir al buque sobre las mismas. También es muy significativo que el cuerpo del patrón no apareciese en el puente.

Una operación de búsqueda y rescate poco satisfactoria para pescadores y familiares

Las operaciones de rescate han dejado mucho que desear, puesto que semanas después del  hundimiento, y a pesar de que las condiciones climatológicas han sido favorables, aún hay un cuerpo sin rescatar. Estos hechos han indignado a los familiares y pescadores, que han manifestado duras críticas hacia los equipos de salvamento y en especial hacia la Guardia Civil, que ha reconocido que era la primera vez que pilotaba una operación de esta naturaleza y alcance.

¿Qué circunstancias han concurrido en el rescate de las víctimas?

Con respecto a la intervención del Servicio Marítimo de la Benemérita conviene aclarar lo siguiente: 

1º.- La Guardia Civil llegó a Cabo de Peñas con el lastre de la operación fronteriza en la que perdieron la vida quince emigrantes que pretendían alcanzar a nado una playa de Ceuta. La Guardia Civil desembarcó en Peñas con un enjambre de buzos que lo único que podían hacer era estorbarse.

2º.- Días antes de lo ocurrido en Ceuta, el gobierno había aprobado un “tarifazo” para equilibrar el cuantioso déficit de explotación de SASEMAR.

3º.-El pasado día 7 de febrero, publiqué en el diario la Voz de Galicia un artículo en el que exponía la política aplicada por SASEMAR en algunas zonas para favorecer a determinadas empresas privadas de remolque. SASEMAR cedía a estas empresas privilegiadas el rescate de algunos barcos previamente enganchados o gestionados por ella misma. Ello implica la injustificada renuncia de SASEMAR a los elevados ingresos que se derivan de tales operaciones.

4º.-  Tras la denuncia de los  citados “favores” a empresas privadas, los navieros españoles pidieron al Gobierno que les cediese graciosamente una parte sustanciosa del Salvamento Marítimo.

5º.- El pasado 10 de marzo se produjo el naufragio del pesquero “Santa Ana”,  y el Gobierno decidió darle un protagonismo sin precedentes a la Guardia Civil en detrimento de SASEMAR, que es la competente en la materia, y del Capitán Marítimo de Avilés, que fue relegado a un segundo plano, a pesar de sus competencias legales, ejerciendo como portavoz del dispositivo de Salvamento un capitán de la Guardia Civil que estuvo poco afortunado en sus intervenciones, quizás porque la Marina Civil le resulte un sector extraño.

6º.- Las operaciones de búsqueda y rescate protagonizadas por la Guardia Civil fueron calificadas de fracaso por familiares y por pescadores, que denunciaron la lentitud y el despropósito de las mismas.

¿Un anticipo de la ley de navegación marítima?

Da la impresión que el Gobierno pretendía brindar a la Guardia Civil la oportunidad de prestigiar su imagen tras los sucesos de Ceuta, y al mismo tiempo, anticipar el modelo de salvamento que supuestamente se propone aplicar una vez sancionada la nueva ley de Navegación Marítima, que se tramita en el Parlamento.

En mi opinión, la nueva ley de Navegación Marítima es regresiva en su espíritu y sesgada en su contenido.  De facto, no reconoce la existencia de la Marina Civil, ni aporta los instrumentos idóneos para impulsar el desarrollo y la competitividad de la misma. Su contenido parece más orientado a potenciar y facilitar el negocio de los despachos mercantiles que a crear las bases para lograr y consolidar una flota civil digna de un país marítimo como España. Consolida la militarización encubierta de las actividades propias de la Marina Civil y mantiene los privilegios otorgados durante el franquismo a la tecnoburocracia naval. En cierto modo, se trata de un texto inspirado en el “Codice de la  Navegazione”, que fue implantado en Italia en la época de Benito Musolini.  Por otra parte, recupera los rancios valores de la marina decimonónica, cuya inconsistencia quedaría patente tras las pérdidas de Cuba y de Filipinas. Y consecuente con los presupuestos ideológicos dominantes, degrada la figura del capitán de la Marina Civil.

En definitiva, se trata de un proyecto de ley que desprecia la oportunidad de dotar a España de una Marina Civil moderna y “civilizada”, en condiciones de competir internacionalmente, y sin embargo, claudica ante los privilegios de determinadas minorías. Da la impresión de que se ha perdido el respeto por la profesionalidad, y eso, evidentemente, es grave.

Sorprende que, en estos tiempos de recortes y austeridad, se opte por duplicar servicios y derrochar recursos escasos.

José A. Madiedo Acosta.

Ex Director General de la Marina Mercante.