El patrón del 'Pepita Aurora' se declara insolvente

 

 

 

 

La voz / Cádiz

Día 5/10/2015 - 14.17h

No podrá hacerle frente a las indemnizaciones planteadas, con lo que las viudas pedirán la responsabilidad patrimonial al Estado

 

El abogado del patrón del 'Nuevo Pepita Aurora' ha expresado su satisfacción ante el hecho de que su patrocinado «no pisará la cárcel» tras llegar las partes a una conformidad sobre la pena de año y medio de cárcel impuesta. En cuanto a las indemnizaciones, avanza que el patrimonio del acusado no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. Por su parte, el abogado de las viudas, Ramón Dávila, ha informado del inicio de otro procedimiento para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.

En declaraciones a los medios a la salida del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras, Gómez Grosso ha detallado que ahora se iniciará el proceso para pagar las indemnizaciones "hasta donde llegue con lo que tiene embargado", añadiendo que "si se declara insolvente se suspenderá definitivamente", cosa que ha asegurado que va a ocurrir porque el patrimonio del patrón es insuficiente para cubrir la cuantía fijada de 150.000 euros a cada familia de los fallecidos y de 35.000 euros a los supervivientes.

El abogado del único imputado en la causa ha indicado que están «satisfechos» ante el hecho de que «no pisarán la prisión» pese a la «pena gravísima» que solicitaban las partes inicialmente, que cabe recordar que era de cuatro años de cárcel la Fiscalía y cercanas a los 20 años de prisión las acusaciones particular y popular. Por su parte, Dávila también ha expresado satisfacción en la medida de que «se ha reconocido la responsabilidad penal y civil del acusado».

Según ha detallado, este lunes se ha dictado sentencia verbal y la titular del juzgado tiene que redactar ahora los hechos probados en la medida en que se ha reducido la pena solicitada en base a que «todos reconocemos que, con el tiempo transcurrido en el procedimiento -ocho años-, ha habido una dilación indebida», una atenuante cualificada con la que se reducirían en dos grados las penas.

Así, el resultado final sería «más o menos el mismo» al que se ha llegado en la conformidad, siendo un año y medio de cárcel «lo máximo que se podía aplicar». En cuanto a las indemnizaciones, ha indicado que ahora tendrán que iniciar el procedimiento de embargos y, además, para conseguir la ejecución.

Nuevas acciones

Dávila ha comentado que están satisfechos en la medida que «se termina una etapa de este drama para que podamos continuar otras acciones que probablemente sean más efectivas». Se ha referido concretamente a «la responsabilidad patrimonial del Estado como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso, como el rescate del barco, como el propio control de las inspecciones» que, a su juicio, «no se hicieron correctamente». El abogado ha explicado que todo ello se determinará en otro procedimiento que ya tienen iniciado.

También ha atendido a los medios José Crespo, uno de los supervivientes del naufragio, quien ha asegurado que él no quiere que el patrón del pesquero vaya a la cárcel. Crespo ha referido que J.V. evitó que la tragedia fuera mayor, pues, por ejemplo, era consciente de que él «no sabía nadar» y se quitó su salvavidas para lanzárselo a él y a otra persona, con lo que «por ahí nos hemos salvado dos también» y «podría haber habido más ahogados» de no ser por su intervención.

Cabe recordar que el pesquero barbateño naufragó el 5 de septiembre de 2007 cuando regresaba de faenar en aguas de Larache con una tripulación de 16 personas, con un balance de ocho supervivientes, cinco fallecidos y tres marineros que continúan desaparecidos.

El patrón ha aceptado las indemnizaciones fijadas en materia de responsabilidad civil y los 18 meses de cárcel como pena por los ocho delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones imprudentes y un delito contra los derechos de los trabajadores. Al final, las partes han acordado la suspensión de la condena.