El fiscal pide una nueva sentencia que condene al capitán del ‘Prestige’

 

 

La Sala Penal estudia los recursos contra el fallo de la Audiencia de A Coruña

 

El Tribunal Supremo revisa en vista pública el proceso por el hundimiento del Prestige. / Carlos Rosillo

 

"Coja, incorrecta y arbitraria". Así fue, según la Fiscalía del Tribunal Supremo, la sentencia de la Audiencia de A Coruña que absolvió del delito medioambiental a los tres acusados por la catástrofe del Prestige: el capitán, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors. Durante la vista pública que se celebra este martes en el Supremo  por los recursos presentados contra el fallo del tribunal gallego, el fiscal Luis Navajas ha solicitado que se anule la primera sentencia y se redacte una nueva que tenga en cuenta cinco documentos "claves" que se vieron en el juicio de A Coruña pero que, asegura, fueron "obviados" en la sentencia. Con ese material, afirma la fiscalía, hay pruebas suficientes para condenar al capitán del buque por un delito contra el medio ambiente y considerarle responsable civil de los daños causados por el vertido .

Los documentos a los que alude la fiscalía fueron presentados en el juicio, pero el tribunal los omitió en la sentencia. El primero es un manuscrito firmado por Mangouras que recoge el resultado de una inspección interna realizada al buque en mayo de 2002, seis meses antes del hundimiento. En esa inspección, el capitán detectó fisuras, picados y corrosión justo en los tanques dos y tres del Prestige, que fue por donde el barco empezó a romperse.

¿Por qué se arriesgó el capitán a sacar el barco en estas condiciones", ha preguntado el fiscal, y él mismo ha dado una posible respuesta: "Antes de la funesta travesía, los propietarios del Prestige habían firmado un contrato de flete que les debía dar beneficios. Y si el buque no salía, ese contrato pasaba al limbo".

El fiscal ha aludido también a unos documentos que pruebas que el anterior capitán del barco dimitió meses antes de la catástrofe porque el armador se negó a reparar desperfectos graves que, en su opinión, ponían en riesgo a la tripulación.  Los otros escritos que la fiscalía exige que se tengan en cuenta recogen un fax del jefe de máquinas en el que pide al armador que se repongan una serie de piezas en mal estado y la respuesta que dio el armador desde tierra. El fiscal pide además 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento en noviembre de 2002 del buque frente a las costas gallegas.

El alto tribunal ha admitido 12 recursos contra el fallo dictado en noviembre de 2013 y que solo condenó al capitán del barco por desobediencia grave a las autoridades españolas por su negativa a aceptar el remolque del buque. Entre los recursos que estudia hoy el tribunal figuran, además del del fiscal, los presentados por el abogado del Estado y la Xunta.

El abogado del Estado considera que existe un error en la calificación jurídica de los hechos probados de la setencia y pide que se condene a Mangouras por delito contra el medio ambiente o, subsidiariamente, por un delito de daños. El Gobierno considera que las reticencias del capitán a hacer caso a las órdenes que le daban las autoridades portuarias españolas agravó las consecuencias del vertido. Además, considera que Mangouras conocía las deficientes condiciones de seguridad en las que viajaba el buque.  "Era responsabilidad de Mangouras asegurarse del manenimiento del barco", ha advertido la abogada del Estado, que ha pedido también que se condene al capitán como responsable civil aún en el caso de que se le absuelva del delito medioambiental y se le mantenga solo la condena por desobediencia.

"La sentencia entiende que no hay nexo causal entre la desobediencia grave y los daños, nosotros entendemos que sí", ha señalado la abogada, que considera además que el fallo de A Coruña fija un criterio "incorrecto" al determinar la cuantía de los daños. La representante del Gobierno ha explicado que la Audiencia adoptó la primera valoración de la Intervención General del Estado, que cifró en 362 millones de euros los daños causados por el vertido, en vez del informe del Consorcio de Compensación de Seguros, que lo cifró en más de 2.000 millones. La abogada del Estado ha pedido también que se condene por responsabilidad civil al propietario del barco y a la empresa aseguradora. "Sin esta condena, ni la Xunta, ni el Gobierno español ni el francés van a poder resarcirse de los miles de millones que invirtieron en reparar los daños".

Por su parte, los servicios jurídicos del Gobierno gallego piden la condena del capitán por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y por daños por imprudencia grave. La Xunta reclama además a Mangouras 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos de fuel mezclado con arena, agua, plásticos y otros elementos.

Desde Francia, cuyas costas también se vieron afectadas por la marea negra, han recurrido la sentencia el Estado francés, el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa de Capbreton y el Consejo General de la Vendée. Las asociaciones Arco Iris y Nunca Máis tampoco están de acuerdo con el fallo, al igual que representantes de trabajadores del mar y empresas como Frigoríficos Ribadeo, Isidro de la Cal, Amegrove y Proinsa. Por parte de las defensas, el abogado de Mangouras y el de Nikolaos Argyropoulo, jefe de máquinas del Prestige, también han impugnado la sentencia.

Una hipotética condena del capitán por parte del Supremo podría determinar que la operadora del barco y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, afrontaran la póliza de 1.000 millones de dólares que tenían suscrita por el Prestige, que se partió en dos el 19 de noviembre de 2002 cargado con 777.000 toneladas de fuel y tras seis días a las deriva frente a Fisterra (A Coruña), el Prestige. El vertido anegó las costas de Galicia y afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia. El suceso desencadenó la mayor respuesta solidaria de la sociedad civil en España frente a una catástrofe medioambiental, con miles de voluntarios de todo el país que se trasladaron a Galicia para ayudar a limpiar a mano el crudo esparcido por las playas y rocas de la costa afectada.