Fernando Palao, Rato. Rexach; El fiscal les pide 3 años de cárcel.
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- Category: El Musel
- Published on Saturday, 12 September 2020 15:51
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El fiscal pide tres años de prisión para Rexach, Rato, Palao y Navas por la ampliación de El Musel
Zona en la que se trabaja con el acopio de graneles sólidos en la ampliación del puerto de El Musel. / JOSÉ SIMAL
Les acusa de un delito de fraude y solicita dos años para otros 17 «cooperadores necesarios». La jueza ordena abrir juicio oral
MARCO MENÉNDEZ GIJÓN.
Sábado, 12 septiembre 2020, 01:22
Parece que finalmente habrá juicio por las presuntas irregularidades detectadas en las obras de ampliación de El Musel. La magistrada-jueza María Tardón Olmos, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, hizo público ayer un auto en el que ordenó la apertura de juicio oral y considera competente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En total, se formula acusación contra 21 personas y el Ministerio Fiscal pide para todas ellas penas de prisión y el pago de importantes cantidades de dinero.
Los peor parados a ojos del fiscal son los cuatro acusados que ocuparon cargos públicos. El primero es el entonces presidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, a quien considera que cometió un delito de fraude y dos de prevaricación administrativa. Le solicita una pena de 3 años de prisión y 25 de inhabilitación para empleo o cargo público. Al que fuera director, José Luis Díaz Rato, le considera autor de un delito de fraude y cooperador necesario en otro de prevaricación, por lo que solicita para él 3 años de prisión, 18 de inhabilitación para empleo público, otros diez para inhabilitación para oficio en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre y tres años de libertad vigilada. A Fernando Palao, entonces secretario de Estado de Transportes, y a Mariano Navas, entonces presidente de Puertos del Estado, los considera responsables de un delito de fraude, por lo que solicita para ellos 3 años de prisión y 9 de inhabilitación.
El resto de los encausados son responsables de las empresas que participaron en la UTE Dique de Torres y que fue la encargada de ejecutar la ampliación de El Musel. Se trata de Ana Isabel Dizy, Juan Miguel Pérez, David López Navarrete, Manuel Amaro Martínez, Eloy Domínguez-Adame, Javier Hidalgo, Vicente Moscardó, Juan Ernesto Pérez, José María López Piñol, Octavio del Real, Francisco José García, Maximino Gorostiza, Francisco Javier Lázaro, Rafael Martín de Nicolás, Joaquín Jiménez, Luis Jesús Sánchez del Río y Jesús Fernando Pérez. El fiscal pide para todos ellos penas de 2 años de prisión y 9 años de inhabilitación como cooperadores necesarios de un delito de fraude. Han quedado finalmente fuera de este procedimiento dos anteriores encausados, como son José María Alcoba y Manuel Alvargonzález.
Pero la Fiscalía Anticorrupción también solicita para Fernando Menéndez Rexach el pago de 8,3 millones de euros, más intereses, como indemnización a José Prendes, en nombre de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño, por la expropiación de terrenos para la ampliación portuaria que no se llegaron a utilizar y el derribo de varias edificaciones. Además, el fiscal considera responsable civil subsidiario a la Autoridad Portuaria de Gijón.
Además, están personados en este procedimiento el propio José Prendes y el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies (Ocan), afín a Podemos, que, además de solicitar penas de cárcel más elevadas, como ya presentó a finales de 2018, pide que todos los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Administración General del Estado por 250.924.350 euros, la cantidad que supuso el sobrecoste inicial en la obra de ampliación, si bien en la certificación final fue rebajada de manera notable. De salir adelante esta petición, cada uno de los acusados debería abonar pagar casi 12 millones de euros.
Diez días para alegar
A partir de ahora, los abogados defensores de los acusados tendrán un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas. Una vez que la magistrada resuelva esos escritos de defensa, la petición de apertura de juicio oral pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que será la que tenga la última palabra y fije la fecha para un juicio que se prevé se prolongue durante varios meses. Si así ocurre finalmente, serán tres los magistrados que se hagan cargo de un procedimiento tan complejo como este.
Tudela Veguín es considerada partícipe a título lucrativo por 80 millones de euros
Cementera de Tudela Veguín en Aboño, con la nueva explanada a la derecha. / ARNALDO GARCÍA
Es el monto que le pagó la UTE Dique de Torres por «compensaciones complementarias», al margen de la compra del cemento para la obra
MARCO MENÉNDEZGIJÓN.Sábado, 12 septiembre 2020, 01:25
Miguel Serrano, fiscal anticorrupción, considera que la cementera Tudela Veguín fue partícipe a título lucrativo por valor de 80 millones de euros en la obra de ampliación de El Musel. El fiscal asegura que se llevaron a cabo «diversos acuerdos paralelos» que a la postre «supusieron unos notables beneficios económicos para la empresa cementera Tudela Veguín, directamente vinculados al contrato público de 'Ampliación del puerto de Gijón' adjudicado a la UTE Dique Torres.
En su escrito, asegura que la cementera solo facturó a la UTE los importes relacionados con la explotación de las canteras, «pero sin que se pactara ninguna contraprestación económica directa por la extracción de los materiales en sus canteras».
Pero el problema viene porque, tal y como reconoció la gerencia de la UTE, se produjo «el abono de otros 80.000.000 euros -sin computar las ventas de cemento- a Tudela Veguín por diversas contraprestaciones complementarias que no fueron nunca facturadas, por la ejecución de diversas obras en beneficio de Tudela Veguín».
Ya que esos 80 millones no fueron facturados ni sometidos al control fiscal correspondiente, la Fiscalía Anticorrupción considera a Tudela Veguín partícipe a título lucrativo en dicha cantidad, por lo que en su escrito de acusación reclama que indemnice con dicha cantidad a la Administración General del Estado.
Alto Aboño
El fiscal Serrano considera, por otro lado, que Fernando Menéndez Rexach debe indemnizar con 8.351.345 euros más los intereses legales a José Prendes, vecino del Alto Aboño al que se le expropiaron propiedades que no llegaron a ser utilizadas para el puerto y se demolieron edificaciones. El fiscal considera que Rexach «se implicó directamente» en la búsqueda de nuevas fuentes de material pétreo. Y ello a pesar de que «la Autoridad Portuaria de Gijón planificó desde el primer momento una intervención directamente encaminada a la obtención de material de relleno para la obra de ampliación en terreno del Alto de Aboño, en el concejo de Carreño, a través de una explanación y un desmonte de la zona», a pesar de que la zona estaba afectada por el Plan de Ordenación del Litoral y «resultaba inviable una explotación minera».