Las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel

Las supuestas irregularidades en torno a la obra de ampliación de El Musel

Dique Torres califica de "protocolaria" la cita de alto nivel sobre los sobrecostes

La defensa de veinte directivos de la UTE y de sus empresas pide archivar el caso y sostiene que parte de los hechos denunciados ha prescrito

M. C. 29.12.2017 | 12:06

¿En plena negociación de los sobrecostes de la ampliación de El Musel, a qué fueron en marzo de 2006 altos ejecutivos de Dragados (ACS), FCC y OHL a una reunión en el Ministerio de Fomento, con el Secretario de Estado de Transporte, el Presidente de Puertos del Estado, directivos de la Autoridad Portuaria y varios cargos de la UTE Dique Torres y de las empresas que la integran? Según su abogado defensor, su asistencia fue meramente "protocolaria" en atención al rango de sus interzálezlocutores en Fomento, y no para presionar ni negociar los sobrecostes, que el Puerto comenzó a pagar al mes siguiente.

Esa es la tesis que defiende el abogado de 20 de los directivos de Dique Torres y de las empresas que la integran, en el escrito que remitió el pasado martes a la Audiencia Nacional para solicitar el archivo del "caso Musel". De ellos, 9 están imputados por esa reunión en el Ministerio.

Según la defensa, en la reunión en la Secretaría de Estado "de forma protocolaria se abordó la problemática general de las obras", pero no se habló de la modificación del proyecto -que posteriormente incrementaría el presupuesto en 251 millones de euros y alargaría el plazo de ejecución en 22 meses- ni del pago de precios nuevos por unidades de obra, ni la UTE planteó rescindir el contrato, ni es verdad "que las empresas presionasen a un nivel decisorio aparentemente más elevado que el propio de la Autoridad Portuaria de Gijón para que se les aprobase el proyecto modificado", el cual estaba plenamente justificado por problemas "sobrevenidos" con la explotación de canteras, sostiene la defensa.

Aquella reunión en Fomento la destapó el exdirector de El Musel ante el juez, algo que la defensa de la UTE atribuye a sus "fricciones notorias" con Puertos del Estado y a descargar parte de la responsabilidad "que injustamente ejerce este pleito sobre él". La defensa de la UTE dice que fue el Puerto quien propició la reunión para buscar "el respaldo" de Fomento ante "los importantes sobrecostes que se estaban produciendo".

También critica que el Fiscal Anticorrupción haya dado credibilidad a la versión el exdirector del Puerto y que ahora indague si ha habido "una connivencia a alto nivel que implique a cargos políticos y directivos de alto rango". También tilda de "paradójico" que el Abogado del Estado se haya alineado con la tesis de Anticorrupción: "Que la parte personada en defensa de Puertos del Estado pugne por atribuir responsabilidades a su antiguo máximo responsable, de signo político contrario a los actuales dirigentes de Puertos del Estado, sin tener en cuenta u obviando que tal cosa habría de conducir a que se le atribuya a dicho organismo público -y por ende al Estado- una hipotética responsabilidad civil".

La defensa insiste en que no se levantó acta de esa reunión y que tanto los altos cargos de Fomento como de las empresas niegan que en la misma se hablara de un aumento de los precios. Si hubo referencias a la reunión en notas internas del Puerto y en las actas del Comité de Gerencia de Dique Torres, que el abogado de la UTE considera que no contradicen su planteamiento. El fiscal, en cambio, se apoyo en esos documentos para imputar a los altos cargos de Fomento en la causa.

El letrado también considera que el supuesto delito de fraude que se imputa a 7 directivos exclusivamente por su participación en esa reunión habría prescrito, dado que la reunión se celebró el 14 de marzo de 2006, once años antes de que los citaran a declarar.

La prescripción de parte de los supuestos hechos investigados es una de sus líneas de defensa y no sólo respecto a la reunión en Fomento. La defensa niega cualquier irregularidad en la adjudicación de la obra, pero además señala que de haberla, habría prescrito, dado que Anticorrupción presentó su denuncia en la Audiencia Nacional más de diez años después de que Dique Torres hubiera presentado su oferta al Puerto, en octubre de 2004. También alega prescripción de la acusación a uno de los miembros del Comité de Gerencia de la UTE, que dejó de formar parte del mismo en marzo de 2005.

La defensa de la UTE considera que los hechos investigados o no han sido probados, o no tienen relevancia penal, están prescritos o Dique Torres ha sido ajena a los mismos. Esto último lo apunta respecto a las supuestas irregularidades en la planificación de las obras. Respecto a la adjudicación también defiende que la oferta de Dique Torres fue la mejor y que ningún otro licitador la impugnó.

También insiste en señalar que no hubo ninguna confabulación ni con la Autoridad Portuaria, cuyo director de obra "fue particularmente exigente", ni con Tudela Veguín, sino que cada parte defendía intereses contrapuestos. Insiste en cuanto a la ejecución de las obras, que los problemas que derivaron en sobrecostes fueron sobrevenidos, por el retraso en poder explotar la cantera de Aboño y no poder abrir una nueva en Carreño, y que en caso de que hubiera habido una falta de previsión, eso no sería un delito.

Esta defensa también señala que no se ha atribuido ningún hecho concreto a los 20 imputados que representa, señalando que figuran como investigados tres personas que no formaban parte del Comité de Gerencia, aunque asistieron como "invitado" y "oyentes", mientras no se ha imputado a otros integrantes de ese órgano. De otros tres miembros del Comité de Gerencia señala que no formaban parte de ese órgano cuando se tramitó el proyecto modificado. Asegura así mismo que las modificaciones en el proyecto fueron planteadas por el Puerto y que no tienen nada que ver con las que Dique Torres reclamó desde el inicio de la obra.

La UTE sostiene que el uso de las canteras de Tudela Veguín no supuso sobrecostes, dado que esos materiales se pagaron a precio de proyecto, pero defiende al mismo tiempo el haber interpuesto un contencioso para reclamar más sobrecostes "plenamente acreditados" en esas canteras.

El alegato niega las acusaciones del informe de la OLAF, al que contrapone sendos informe encargados por el Puerto y la propia UTE que indican que el valor de la obra es superior al precio pagado por el Puerto.