«Caso Musel»: una «madeja que crece» El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d

 

AMPLIACIÓN DE EL MUSEL

El Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d'Asturies, acusación particular en el proceso, cree que la última ronda de testimonios en la Audiencia Nacional abre «nuevos hilos» que aclaran «cómo funcionan las alcantarillas de la corrupción»

 

J. C. GEA  LA VOZ DE ASTURIAS


GIJÓN 05/11/2016 09:49

«El caso Musel es una madeja que sigue creciendo. Aparecen nuevos hilos que complican el caso, pero otros se van desmadejando y hacen que vayamos entendiendo mejor cómo funcionan las alcantarillas de la corrupción».  Las palabras de José Ángel Gayol, presidente del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (OCAN), resumen las impresiones de la plataforma cívica cercana a Podemos que ejerce la acusación particular en la investigación de los sobrecostes en la ampliación del puerto gijonés. Ha sido una semana de testimonios especialmente significativos en la Audiencia Nacional. Algunos de ellos han dado un vuelco al relato oficial del caso, y situado en primer plano a testigos como Fernando Masaveu -presidente del grupo al que pertenece la cementera Tudela Veguín, que aprovisionó de piedra y cemento a la obra- y Manuel Menéndez, presidente de EdP-España, compañía eléctrica propietaria de la cantera en terrenos de Aboño inicialmente prevista para abastecer la ampliación por su proximidad al Musel.

Además de ellos, durante la última semana han declarado ante la magistrada Carmen Lamela dos de los investigados -el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach, y el exdirector del puerto, José Luis Díaz Rato- y, en calidad de testigos, responsables técnicos durante la ampliación del puerto, EdP (a la sazón HC) y Tudela Veguín. Pero el protagonismo fue para los presidentes del Grupo Masaveu y EdP, las dos compañías propietarias de las canteras cuya explotación (o cuya presunta imposibilidad para ser explotada, respectivamente) generó, según la versión del puerto, la mayor parte de los 250 millones del sobrecoste que inspeccionó la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) y dio con el caso en los tribunales.

Fueron precisamente los inspectores de la OLAF los que iniciaron esta última ronda ratificándose en sus argumentos, que de confirmarse obligarían a España devolver los 274,5 millones ayudas europeas recibidas por la obra. No hubo nada inesperado en su declaración, como no la hubo en las de Menéndez Rexach o Díaz Rato. Pero sí en algunas a lo largo de los días siguientes. A la luz de esos testimonios, José Ángel Gayol considera que el sumario recoge «un caso cada vez más complejo» en el que, aun precisando que «todas las conclusiones deben ser consideradas como provisorias» conviene «estar atento» a algunos de esos hilos de esa madeja que estima, «como poco, llamativos».

Giro central

El primero de ellos parte de unas declaraciones que resultaron tan «sorprendentes» para Gayol como para el resto de las partes: las de Manuel Menéndez y el director de Proyectos de HC, Marcos Antuña. Ambos dieron un giro a la cuestión central de la investigación -por qué motivo se extrajo la piedra para la obra en canteras cuya distancia incrementó los gastos de forma tan abultada- al sostener ante la juez Lamela que en ningún momento HC denegó el uso de su cantera en Aboño, la más próxima al puerto.

Desmentían así el argumento vertebral de Menéndez Rexach y Díaz Rato para justificar la necesidad de la UTE Dique Torres, adjudicataria de las obras, de echar mano de canteras más distantes, como las de Tudela Veguín en La Hoya (Perlora) y las de otros proveedores. Hasta ahora, se había aducido que la construcción por HC de una planta desulfuradora en Aboño impidió hacer uso de su cantera. Pero Menéndez y Antuña aseguraron esta semana ante la juez que no existía ninguna incompatibilidad entre esa obra y las operaciones para extraer material para el puerto, algo que de hecho se empezó a hacer en 2007, con la desulfuradora ya construida.

Por lo demás, José Ángel Gayol estima que la declaración de Manuel Menéndez «no aportó mucha más información». Más sustancioso considera el testimonio de Marcos Antuña en el sentido de que fue «la Autoridad Portuaria, su director concretamente, quien se dirigió a HC para firmar el acuerdo de intenciones» y de que «les daban igual las circunstancias de HC».

«Aunque no conste en el acuerdo de construcción de la planta desulfuradora, todo parece indicar que la Autoridad Portuaria tenía que saberlo: había salido en el BOE, tuvieron varias reuniones con ellos... Algo que», según Gayol, «coincide con la declaración previa de Joaquín Coronado, consejero delegado de HC» ante la juez Carmen Lamela: «Lo que está claro es que HC no tenía especial interés en el asunto de la cantera y que el acuerdo de peticiones se hizo por parte de la Autoridad Portuaria. Y esto es llamativo, cuando menos».

Falta de seguimiento

Respecto a Fenando Masaveu, para el presidente de OCAN, «no aportó mucho y trató de escurrir el bulto». Y sin embargo, a la plataforma le han quedado «dudas» sobre la falta de seguimiento personal de Masaveu hacia las relaciones entre Tudela Veguín y la ampliación portuaria, una desatención hacia la marcha de las obras que el presidente del grupo empresarial asturiano manifestó ante la magistrada.

«Hasta cierto punto parece razonable que no esté al tanto de todas las operaciones, pero nos resulta muy, muy difícil creer que, tratándose de una obra de tal envergadura, no supiera nada de nada, ni dónde estaba La Hoya ni qué costaba la tonelada de cemento cuando tienes un negocio en el que el modificado son 250 millones de euros», explica el presidente de la plataforma que, no obstante, «acepta de momento, y mientras avance la investigación» la declaración del empresario asturiano.

Mucho más «dudosas» resultan para la acusación particular de OCAN las declaraciones de Julio Peláez, gerente de Tudela Veguín, sobre otro de los hilos o subtramas relacionados con el caso: el presunto «pago en especies» de la UTE Dique Torres a la cementera del Grupo Masaveu mediante una serie de obras y acondicionamientos en sus terrenos, que, de hecho, está investigando la sala de lo Penal de la sección segunda de la misma Audiencia Nacional por un posible delito contra la Hacienda pública. Mientras que Tudela Veguín afirma que solo se facturaron a la UTE 7,7 millones de euros por gastos admininstrativos y voladuras, y se realizaron algunas obras de reparación, el gerente de Dique Torres -recuerda Gayol- «dijo que se habían realizado en favor de Tudela Veguín, y por importe de 80 millones de euros, que no habían sido facturados, una serie de trabajos».

«Los unos se pasan la pelota a otros, pero me da la sensación de que la declaración de Julio Peláez no se acerca tanto a la realidad como la del gerente de Dique Torres», opina Gayol, que también esgrime «los informes de la OLAF» para rebatir la negativa, expresada por Peláez ante la acusacion particular, sobre la aplicación por parte de Tudela Veguín de un precio por tonelada de cemento «superior al del mercado» en sus contratos con la UTE Dique Torres. Declaraciones oídas esta semana en la Audiencia Nacional han puesto además de manifiesto que Tudela Veguín pudo vincular a la explotación de su cantera  por la UTE el compromiso de adquirir el cemento necesario para la obra, blindándolo con una cláusula que preveía indemnizaciones en caso de incumplimiento de ese compromiso.

De toda esta andanada de testimonios agregados al enredo del «caso Musel», José Ángel Gayol destaca especialmente que «han quedado claras, aunque sea de manera tangencial, las relaciones entre HC y la Corporación Masaveu; unas relaciones que», subraya, «vienen de atrás porque de hecho, la familia Masaveu formó parte de HC durante 50 años, tiene participaciones en EdP y al propio Fernando Masaveu como consejero». Gayol cree que «las cosas se van aclarando», pero se ratifica en que «quedan todavía muchas puertas por abrir, muchas habitaciones que caminar en el gran edificio de corrupción que fue El Musel».

«Lo que tenemos es que ir poco a poco viendo qué hilos unen a los muchos actores de esta trama con muchos actores, con muchas subtramas», consideran en OCAN, donde esperan nuevos hilos que partan de las futuras declaraciones testificales. Por ello han solicitado ya la del actual director general de la Autoridad Portuaria, José Luis Barettino, que «conoció directamente como secretario del consejo de administación del puerto en todas las fases de la ampliación», para acarar «si se conocía ya en abril de 2006 que se estaban pagando sobrecostes». También confía en que aporte «algo nuevo» el expresidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach, en la declaración que realizará a petición propia el próximo 16 de diciembre. «Él y Díaz Rato», remacha, «son los que más saben».