EL MUSELAZO.- UN INFORME DE LA UE CUESTIONA EL PACTO CON HC(hidrocantábrico) PARA EL SUMINISTRO DE PIEDRA A EL MUSEL

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El servicio de auditoría de

la Dirección de Política Regional considera que el Puerto debió abrir un concurso para fijar el precio del material de cantera

                                           

                                      Monumento a los impuestos de los ciudadanos en su forma cúbica                     

 

Manuel CASTRO  

Un informe del Área de Control y Auditoría, de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea, considera ilegal el pacto de la Autoridad Portuaria de Gijón con HC para obtener piedra para la obra de El Musel de la cantera de Aboño (de la que HC es uno de sus copropietarios). El informe estima que el Puerto debió abrir un concurso para el suministro de la piedra en vez de adjudicarlo directamente, lo que habría evitado los sobrecostes posteriores. El documento es uno de los que Política Regional analiza para decidir si exige la devolución, en alguna medida, de los 247,5 millones de euros de fondos de cohesión con los que subvencionó la ampliación.   El informe va más allá y cuestiona la legalidad de la adjudicación de la obra de construcción a la unión temporal de empresas Dique Torres, dado que la Autoridad Portuaria primó en el concurso el uso de esta cantera, pero sin fijar el coste de obtención de piedra. Por ello el concurso para la ampliación de El Musel «no respetaba los principios de no discriminación y de igualdad de trato, pues la ofertas de los licitadores no eran comparables por carecer de un objeto de contratación completo y de un precio de referencia».   En julio de 2004, la Autoridad Portuaria firmó el acuerdo de intenciones con HC para explotar la cantera de la que la compañía eléctrica es copropietaria, junto a Sato (empresa integrante de la UTE Dique Torres) y un particular. El Puerto incluyó ese preacuerdo en el concurso público que abrió para ejecutar la obra y que adjudicó a Dique Torres el 4 de enero de 2005. En el preacuerdo con HC se indicaba que el precio del material y de su explotación se negociaría posteriormente entre HC, el adjudicatario de la ampliación y la Autoridad Portuaria. Así, el coste de explotación de la cantera, que se había establecido en 7 euros por metro cúbico en el proyecto inicial de la ampliación, acabó convirtiéndose en unos precios que van «de 18,22 euros por metro cúbico a 26,34 euros por metro cúbico, según el tipo de piedra», indica el informe. Control y Auditoría estima que el acuerdo de intenciones entre HC y la Autoridad Portuaria «constituye de hecho un contrato público de extracción y abastecimiento de piedras» que El Musel debía de haber sacado a concurso para cumplir la normativa comunitaria.  

EL INFORME ES EL SEGUNDO DE UN SERVICIO DE LA CE QUE CUESTIONA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A LA OBRA   M. C.


El informe del área de Control y Auditoría es el segundo que cuestiona la legalidad de la adjudicación de la obra de ampliación de El Musel a Dique Torres y por el mismo motivo: el hecho de que la Autoridad Portuaria favoreciera a las ofertas que incluían la extracción de piedra de la cantera de Aboño (tres de las cuatro ofertas que compitieron por la obra ofertaron explotar esta cantera, mientras que la oferta más barata, liderada por Constructora Hispánica, presentó acuerdos con otras canteras).

Un informe de la Dirección General de Mercado Interior (que supervisa la libre competencia) considera que la Autoridad Portuaria favoreció en la licitación de la obra de El Musel a la unión de empresas que a la postre resultó adjudicataria.

Según ese informe, publicado el pasado 22 de abril por LA NUEVA ESPAÑA, la Autoridad Portuaria estableció una cláusula ilegal en los pliegos de licitación, al prever en los mismos que el precio final de los materiales extraídos de la cantera de Aboño se fijarían después de la adjudicación del contrato. Esa cláusula favorecía a la UTE Dique Torres, debido a que Sato formaba parte de esa UTE y a la vez era copropietaria de la cantera escogida por el puerto.   El informe de Mercado Interior también señala en una de sus conclusiones que «la disposición que figura en el pliego de condiciones por la que la entidad adjudicadora se convertiría en garante del pago del suministro de materiales procedentes de la cantera de Aboño tiene un carácter discriminatorio» por lo que no es compatible con la normativa comunitaria «que establece el principio de igualdad de trato entre licitadores».

El precio definitivo del suministro de la piedra de Aboño se fijó el 31 de julio de 2006, en un acuerdo entre la Autoridad Portuaria, Dique Torres e Hidrocantábrico. El precio final de la piedra fue un 150% superior al previsto inicialmente. El informe de Mercado Interior cifra en 18,22 euros el precio de explotación por metro cúbico frente a los 7,30 euros previstos inicialmente.

Acuerdo de intenciones

El 26 de julio de 2004 la Autoridad Portuaria firma un acuerdo de intenciones con HC sobre la explotación de la cantera de Aboño. Adjudicación

El Puerto adjudica el 4 de enero de 2005 a Dique Torres la obra de ampliación por 579,24 millones de euros con un plazo de 48 meses. Una de las cláusulas del pliego del concurso establecía que el precio de la extracción del material de Aboño se fijaría a posteriori. Acuerdo

El 31 de julio de 2006 Dique Torres, el Puerto y HC firman el acuerdo para la explotación de la cantera de Aboño, incrementando el precio inicial un 150%.

Sobrecostes

El incremento del precio de la piedra de Aboño supone 46,18 millones de euros de los 216,31 (sin IVA) de sobrecostes pactado por Dique Torres y la Autoridad Portuaria. El consejo de administración de El Musel aprobó el jueves recurrir a un crédito de 215 millones para pagar a la UTE.   Primera posibilidad legal   Según el informe europeo al que este periódico ha tenido acceso, la primera posibilidad ajustada a la normativa comunitaria «para adquirir estas piedras» pasaba por convocar un concurso para la extracción y suministro de piedra para la obra de El Musel. El segundo paso sería convocar un concurso para la ejecución de la obra de ampliación portuaria, entregándole al adjudicatario la piedra de la cantera escogida. Este sistema permitiría obtener un precio cierto y probablemente más bajo que el que se ha dado en la realidad.   Segunda posibilidad legal   La segunda posibilidad que establece el mismo documento comunitario sería establecer un único procedimiento en un concurso en el que los ofertantes se responsabilizaran tanto de garantizar el suministro de la piedra necesaria como la ejecución de la obra. Este segundo sistema implicaba que el contratista tendría que hacerse cargo de los sobrecostes por materiales, al ser el responsable de su compra.  

LA REVISIÓN DE LAS AYUDAS, SEGUNDO FRENTE EN BRUSELAS JUNTO A LOS SOBRECOSTES  

M. C.

El crédito de 215 millones de euros que el Ministerio de Fomento va a conceder a la Autoridad Portuaria de Gijón para pagar los sobrecostes de la obra de ampliación de El Musel puede quedarse corto si la Comisión Europea decide finalmente recortar las ayudas que inicialmente concedió al proyecto, en base a las supuestas irregularidades detectadas por dos de sus departamentos.

De hecho, el informe del área de Auditoría de la DG Regio considera que se tengan en cuenta esas irregularidades «para el ingreso de los pagos intermedios relativos al proyecto en cuestión». Al puerto le quedan por recibir unos 50 millones de euros de ayudas europeas, correspondientes a la liquidación de la obra, pero el procedimiento de revisión de las ayudas puede llegar a afectar a la totalidad de las mismas, en el caso de que Bruselas decida iniciarlo.

La Comisión Europea está realizando de oficio la revisión de la adjudicación de la obra a Dique Torres. Lo hizo a raíz de que la Autoridad Portuaria solicitara nuevas ayudas comunitarias (algo más de 135 millones de euros) para costear los 216,31 millones de euros (sin IVA) de sobrecostes que pactó con Dique Torres, justificándolos en su mayor parte por los problemas de aprovisionamientos de canteras, en especial la de Aboño. La petición de nuevos fondos comunitarios se efectuó a pesar de que una circular del Ministerio de Economía había advertido meses antes de que la Unión Europea no pagaba sobrecostes y aconsejara no iniciar ese procedimiento.

La revisión de oficio de todo el expediente era una cuestión obligada para la Unión Europea, una vez que la Autoridad Portuaria solicitó una ampliación de ayudas. A eso se añadió la denuncia formulada por Los Verdes (socios de IU en el Gobierno regional que preside Vicente Álvarez Areces), que consideraba injustificados esos sobrecostes.

Fomento ha respondido con informes de Puertos del Estado y de la Abogacía del Estado a las dudas de Bruselas.  

COMENTARIOS DE AEMC.-  

Para sorpresa del estado de derecho, los responsables de este monumental desproposíto técnico-financiero continúan en sus pesebres y no se han tomado ningún tipo de medidas- que se sepa- para evitar que vuelva a repetrise este tipo de burlas a los contribuyentes.