LA FISCALÍA GENERAL INVESTIGARÁ LOS DRAGADOS PARA LA OBRA DE EL MUSEL

 Responde a la denuncia de un gijonés ante la posibilidad de que en realidad sean «una explotación minera submarina»   12.02.10 - 03:07 - M. M. C. | GIJÓN   La posible ilegalidad de las labores de dragado que se están realizando en la bahía gijonesa con motivo de las obras de ampliación de El Musel será investigada por la Fiscalía General del Estado. Así lo comunicó ayer la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo a Marcelino Laruelo, un vecino de Gijón que denunció este hecho ante la posibilidad de que esos dragados sean en realidad «una explotación minera submarina». Además, Laruelo también remitió a la Fiscalía General la negativa de los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón a permitirle consultar la Declaración de Impacto Ambiental de esos trabajos.   La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente aceptó la denuncia de este ciudadano en base a que no hay abierta ninguna actuación judicial sobre el asunto. Marcelino Laruelo había denunciado en su momento los dragados, pero el Juzgado de Instrucción número tres de los de Gijón lo archivó en firme. Así lo indicaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que añadieron que Laruelo se había dirigido a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJA, pero que ésta no pudo actuar debido a que estaba pendiente de la citada resolución del juzgado gijonés.   Nulidad del estudio   Sobre esta nueva actuación de la Fiscalía General, en el TSJA aún no se tiene constancia, aunque sí le informaron del sobreseimiento de las actuaciones judiciales.   Marcelino Laruelo pide la nulidad del estudio y la posterior Declaración de Impacto Ambiental que amparaban la extracción de áridos en la bahía gijonesa. Este ciudadano mantiene que se trata de «una actividad minera realizada al margen de la normativa vigente», pues los áridos extraídos del fondo marino se utilizan para las labores de relleno de la ampliación portuaria. En su opinión, esas labores no fueron autorizadas ni aprobadas por la Demarcación de Costas de Asturias. Y esa extracción de áridos, sostiene el denunciante, no se puede amparar en la Ley de Puertos y Marina Mercante, pues «esta normativa no incluye el fondo del mar entre los bienes portuarios», y se habría de aplicar la Ley de Costas.   Marcelino Laruelo también denuncia ante la Fiscalía General del Estado el hecho de que la Autoridad Portuaria de Gijón no le permitiera consultar la Declaración de Impacto Ambiental de los trabajos. Para ello se ampara en la Ley 27/2006, en la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.   Esta norma establece los cauces que han de seguir los ciudadanos para que las administraciones públicas faciliten la documentación que posean en materia de medio ambiente, asunto que, al parecer, no han cumplido los responsables de la Autoridad Portuaria de Gijón.   Los dos puntos recogidos en la denuncia serán investigados por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo «para determinar si indiciariamente podrían tener relevancia penal».   COMENTARIOS DE AEMC   Presumiblemente, hay dos expresiones estrechamente vinculadas a este asunto: Muselazo y Clan del Hormigón. Es muy positivo que se investige.