Bilbao - 19 años después de que se iniciara el caso de los bonos del ferry y tras múltiples batallas judiciales y políticas, la Diputación de Bizkaia ha ganado la guerra. El Tribunal Supremo ha condenado a las navieras que operaban la línea entre Bilbao y Portsmouth a pagar a la institución foral 9,6 millones de euros más los intereses legales y parte de las costas. En total, 11,2 millones. “Una gran noticia”, dijo el diputado general de Bizkaia, “porque posibilita la recuperación de un dinero que es de todos los ciudadanos y ciudadanas de Bizkaia”. José Luis Bilbao aprovechó la comparecencia para exigir rectificaciones públicas, sobre todo al Partido Popular de Bizkaia y al Tribunal Vasco de Cuentas. La sentencia, según el máximo responsable de la Diputación, confirma que “aquí nadie se ha llevado nada y que nadie ha cometido ninguna tropelía”.

“Aguantar todo esto ha sido muy duro”, llegó a decir el diputado general. Se refería a las acusaciones de “robo y enriquecimiento” que vertieron en su momento algunos partidos políticos y algún medio de comunicación contra los gestores de la Diputación. “Pero se ha demostrado que todo es mentira”, dijo en un tono muy enojado. El Tribunal Supremo les ha dado la razón en un conflicto que se inició en 1995 cuando la Diputación compró 46.000 billetes a la naviera P&O del viaje entre la capital vizcaina y Portsmouth. Pero el diputado general no quiso entrar en detalles del lento y complicado proceso. “Hoy es un día de reconocimientos, desagravios y alguna exigencia”, dijo. En el capítulo de reconocimientos públicos nombró a Martín Martínez, ex diputado foral de Transportes por el PSE y a su director de departamento Miguel Ángel Fernández. También recordó a Iñaki Hidalgo y a Pilar Ardanza e Itziar Garamendi, hoy diputadas forales, pero que anteriormente desempeñaron funciones en Transportes. En el mismo apartado, José Luis Bilbao mencionó a José Ferrera, exjuntero de Ezker Batua y a Joseba Gezuraga, portavoz de EA y presidente de la comisión de investigación que se creó en las Juntas Generales de Bizkaia sobre el caso. “Quiero destacar especialmente a Joseba Gezuraga porque tomó decisiones en base a su honestidad personal sin caer en planteamientos políticos carroñeros”. También quiso recordar a Esperanza Hernández Txakartegi, funcionaria de la Diputación que llegó a estar imputada por falsedad documental. Y en los agradecimientos tampoco se olvidó de José Luis Etxeberria Monasterio, que fue menospreciado en un artículo periodístico.

Rectificaciones Cumplidos los agradecimientos, el diputado general entró de lleno en el capítulo de las rectificaciones. “En primer lugar exijo una rectificación al Tribunal Vasco de Cuentas que dijo que había pérdida patrimonial para la Diputación Foral de Bizkaia y elevó el caso a la Fiscalía del Tribunal Central de Cuentas”, recordó José Luis Bilbao. Y en este sentido destacó que de la sentencia “se concluye que no ha habido pérdida patrimonial; al contrario, va a ser resarcida con 11,2 millones de euros”. Siguió con el Partido Popular de Bizkaia, al que le exige una rectificación pública. “Una cosa es la crítica política”, dijo, “y otra es el libelo, la calumnia y la difamación”. Para hacer memoria, leyó algunas de las declaraciones realizados por dirigentes populares. Por ejemplo, de Carlos Olazabal, exportavoz del PP en las Juntas Generales, que llegó a decir de los dirigente forales “que expliquen cómo se han robado 10 millones de euros”. En otra ocasión aseguraron los dirigentes del PP que “ha habido un conchabeo entre la Diputación y la compañía del ferry”. También les acusaron de que “alguien se ha enriquecido”. Al Partido Socialista de Euskadi, concretamente a Iñaki Egaña, portavoz del PSE en las Juntas, le exigió que rectificase cuando les dijo a los miembros del Ejecutivo foral que “dejasen de malgastar el dinero en costosas e interminables procesos judiciales”. Recordó que el portavoz socialista les recomendó que no recurriesen al Tribunal Supremo. “Menos mal que no le hicimos caso”, dijo el diputado general. A la izquierda abertzale le exige que rectifique porque les acusaron, al igual que el Tribunal Vasco de Cuentas, de que había habido pérdida patrimonial. Aunque reconoció que no le van a hacer caso en esa exigencia de rectificación pública, el diputado general insistió en que “si tienen sentido del honor, que pidan disculpas”.

“Rastreras”

Una vez pasada la página de los reproches, José Luis Bilbao quiso destacar una vez más “el día tan importante” que era para la Institución foral. “Hoy es un día de reconocimientos de los servicios jurídicos, que han trabajado denodadamente y de los equipos directivos de la Diputación”, dijo. Pero también era un día importante, no solo porque les dan la razón, sino porque “desenmascara aquellas actitudes políticas demagógicas, rastreras, acusadoras, mentirosas y dañinas contra la imagen de la Diputación foral”. Lo que ha hecho en este caso la Diputación, según Bilbao, ha sido “intentar defender los intereses de Bizkaia, cosa que hemos conseguido; serán ingresados en las arcas 11,2 millones de euros de todas y de todos”. Y finalizó con una moraleja: “En tiempos que los políticos está denostados, las actitudes y manifestaciones que mencionaba antes contribuyen a este desprestigio”.