Delegaciones de Turquía y Grecia se han reunido este lunes para tratar sus disputas marítimas por primera vez en los últimos cinco años. Aunque se trata de un primer y tímido paso, es un avance esperanzador pues, desde que se suspendió este formato negociador vigente desde los años 2000 hasta 2016, el conflicto entre ambos países no ha hecho sino agravarse hasta alcanzar en 2019 una tensión no vista en más de dos décadas acentuada por la crisis migratoria.

El ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, ha regresado este lunes de un viaje a Bruselas, donde se entrevistó con dirigentes de la Unión Europea y de la OTAN, y encuadró estos contactos con Grecia en el marco de un intento por mejorar las dañadas relaciones con sus socios europeos: “Vimos que se nos tendía la mano y hemos decidido dar una respuesta positiva”, explicó.

El pasado miércoles, los diputados griegos ratificaron la ampliación de sus aguas territoriales en el mar Jónico de seis a 12 millas náuticas, pero Ankara ha advertido de que hacerlo en el mar Egeo será tomado como un “casus belli”. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar permite esta extensión, pero Turquía —que no es signataria— justifica que el Egeo es “un mar semicerrado” y que, de hacer Atenas efectivos sus derechos sobre las 12 millas, podría cerrar el acceso turco al Mediterráneo por esta ruta.

Pero, además, ambos países están en desacuerdo sobre la zona económica exclusiva (ZEE), una franja de mar de 200 millas que da derecho sobre las pesquerías y los recursos submarinos, tanto en el Egeo como en el Mediterráneo Oriental, donde la presencia de la pequeña isla griega de Kos, a dos kilómetros de la costa turca, rompe el mapa de aguas de Turquía.

Para reafirmar sus derechos sobre la zona, Ankara se ha embarcado en una política de hechos consumados: enviando buques de exploración sísmica a aguas de Grecia y Chipre, y firmando con el Gobierno de Libia un tratado de demarcación marítima que ha sido considerado nulo por el resto de países vecinos. Las maniobras de la Armada turca, enviada para escoltar las actividades de los buques de exploración y para hacer valer sus intereses, han provocado incidentes en la zona tanto con la Marina griega como con la francesa. De hecho, la Unión Europea ha impuesto sanciones a organismos turcos y sus dirigentes. Atenas, París y Nicosia exigen endurecerlas, si bien países como España, Alemania e Italia han presionado para dar algo de espacio a la negociación antes de optar por medidas más severas.

Entre tanto, el Gobierno conservador de Atenas se ha lanzado a una carrera armamentística para no quedar a la zaga respecto a la que lleva Turquía, centrada mayormente en la producción interna. El pasado jueves, el Parlamento griego aprobó la compra, por 2.500 millones de euros, de 18 cazas Rafale, de fabricación francesa. Grecia también ha llegado a un acuerdo de defensa con Emiratos Árabes Unidos, país que ha enviado militares a participar en maniobras conjuntas. En el último año, además, Grecia ha avanzado en las negociaciones con Estados Unidos para reforzar las instalaciones militares en la isla de Creta.

Por su parte, la prensa turca informaba este mes de que el TCG Anadolu —que sigue el modelo del Juan Carlos I, el buque insignia de la Armada española— será entregado a las Fuerzas Armadas de Turquía en los próximos meses tras cinco años de construcción en un astillero turco bajo la dirección de la empresa española Navantia. También se incorporarán este año al inventario del Ejército turco nuevos modelos de drones armados, helicópteros, tanques, sistemas de defensa antiaérea, de misiles antibuque y torpedos, así como un barco de instrucción y una fragata, estos de desarrollo y fabricación nacional.