España, una fiscalidad insuficiente, injusta y defraudadora

 

 

 

 

Antonio Mora Plaza

El sistema fiscal de cualquier país es el esqueleto de su economía, los músculos es su economía privada y la sangre lo público. Todas las metáforas son forzadas, pero creo que esta es ajustada al mundo real y válida para todos los países de la tierra, en un mundo donde el capitalismo es total, incluidos China y Rusia que, a los más, son países donde parte de ese capitalismo es de Estado, con sus ventajas e inconvenientes que ello comporta. Para saber la situación económica de un país y de sus posibilidades hay que fijarse en su fiscalidad, su tamaño y la distribución de sus impuestos.

 
 
 
 

En el caso español tenemos un sistema fiscal realmente existente que es insuficiente, injusto y permisivo con el fraude y la elusión fiscal. Los datos oficiales es que España tiene una presión fiscal del 35,4% de su PIB, mientras que en la zona es de un 41,7%, lo que supone estar a 70.000 millones de menor recaudación según estos datos. Y estamos hablando de la media euro, donde están gran parte de los países de la antigua órbita soviética, cuya presión fiscal es, por término medio, inferior a la española. Sólo tienen menor presión fiscal que España, Irlanda –con un significativo 23%–, Lituania, Letonia, Malta, Estonia, Chipre y Eslovaquia. En cambio, entre los países con los que nos debemos comparar por tamaño económico, poblacional, historia y aspiraciones están, por ejemplo, Francia (48,4%), Italia (42%) y Alemania (41,5%) de presión fiscal. Pero es que nuestro alejamiento es mayor según calculan los expertos en economía sumergida, porque la nuestra es la mayor de los grandes países europeos, incluso superior a la italiana. Además, si no tenemos en cuenta los activos y pasivos financieros [1] –como luego veremos– nuestro presupuesto de 354.225 millones del año 2018 representaba el 29,46% sobre los 1.202.193 millones de PIB para el mismo año, lo cual representa una distancia a la media europea de 12,24%, que representaría sobre el PIB del 2018 unos 147.000 millones de menos ingresos respecto a la media. Por supuesto que en estos 354.225 millones están incluidos los presupuestos de la Seguridad Social, a los que consideramos un impuesto más pero, en este caso, contra el trabajo. Este es nuestro esqueleto, el de un hombre de tamaño medio que tuviera que enfrentarse a un jugador de baloncesto. Cuando se firman los famosos Pactos de la Moncloa (1977) nuestra presión fiscal era entonces del 25% y en 43 años sólo hemos sido capaces de aumentar nuestro esqueleto fiscal realmente en apenas 8%. Anotamos, por tanto, este primer problema de la economía española. Vayamos al segundo.

A la hora de abordar una reforma fiscal estaría en primer lugar el problema del fraude fiscal, el segundo la modificación legal para evitar la elusión fiscal, el tercero, el de eliminar gran parte de las exenciones, deducciones y bonificaciones cuyos efectos sobre el ahorro o, en su caso, sobre la inversión, son de dudosa eficacia recaudatoria y nada de dudosa injusticia fiscal

El segundo problema es nuestro fraude fiscal. Aquí solo se pueden hacer estimaciones precisamente por la naturaleza del problema, pero hay acuerdo entre los expertos de que competimos con Italia y la ganemos en tamaño y no estará por debajo de los 40.000 millones. Hay en paraísos fiscales 144.000 millones de euros. Las bolsas mayores de elusión fiscal –digamos, “fraude legal” –, están en las grandes empresas, especialmente las tecnológicas multinacionales que tienen tipos efectivos realmente ridículos a pesar de las ganancias fuera de España, lo cual siempre es sospechoso que las Google, Facebook, Vodafone, etc., tengan tan pocos beneficios en nuestra piel de toro y sigan persistiendo en su permanencia e, incluso, en su expansión. Veremos con detenimiento algo más del impuesto de sociedades donde se concentran algunas de las bolsas tanto de elusión fiscal como de fraude. Hay también desde luego en el IRPF y en el IVA, pero también en la de los sufridos autónomos que, al menos en la declaración objetiva, no se corresponden sus ingresos con sus gastos en vivienda, chalets, automóviles de gama media, etc. Eso sí, con enormes diferencias entre los 3,2 millones de autónomos, muchos de los cuales son honrados trabajadores que, muchas veces, se ven obligados a explotarse a sí mismos. Y seguimos, porque hay que considerar que la tributación de la sicavs del 1% es una elusión fiscal vergonzosa por mucho que se considere la doble tributación. Aún estamos lejos de la relación europea entre ingresos fiscales y número de inspectores, por lo que el aumento de estas plantillas parece obligado, pero también endurecer las leyes contra el fraude porque los 120.000 euros actuales para ser considerado delito parece que no disuade lo suficiente. Pero son las empresas y los grandes empresarios los grandes defraudadores o, al menos, los grandes elusionadores al fisco. Veamos unos datos sospechosos. En el año 2007 los empresarios declararon en el impuesto de sociedades 44.823 millones, que se corresponden con los beneficios –y esto es muy importante– del año 2006; en cambio, al año siguiente, es decir, en el 2008 declararon por los beneficios del 2007 –aún no se había declarado la crisis- ¡solo 27.301 millones! Pero es que esta última cifra no fue superada nunca hasta pasado el año 2015, cuando la crisis había sido superada aunque no llegáramos a la situación del 2007. La caída de la recaudación de este impuesto no se corresponde con la caída de cualquier índice que mida la recesión de este período y sabemos que con las previsiones, provisiones y amortizaciones de pueden hacer milagros contables que parezca que obtenemos menos impuestos de los reales. Y eso es así aunque siempre se defienda que la solvencia de la empresa está por encima de la declaración de beneficios. Hacienda tendría que investigar este hecho por si hubiera habido dolo en el comportamiento fiscal de, sobre todo, las grandes empresas. Es cierto que 20 de las 35 empresas del IBEX están siendo investigadas, pero dudo que lo sea por esta sospecha de dolo en el comportamiento tributario.

El tercer problema de la fiscalidad española es la enorme cuantía que el fisco deja de recaudar por el efecto de las exenciones, deducciones y bonificaciones en los diversos impuestos. Se estima que el Estado deja de recaudar por estos motivos en torno a los 51.529 millones. Y están en todos los impuestos, pero principalmente en los del impuesto de sociedades e IRPF, pero también, por parte de las Comunidades, en el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, impuestos transferidos. También puede ser considerado elusión fiscal los menores tipos impositivos que algunas Comunidades Autónomas aplican en su tramo autonómico, con la C. de Madrid, campeona de la elusión fiscal. Y este caso es tan singular que podemos considerar que el principal paraíso fiscal no es Luxemburgo, Irlanda o algunas islas de ultramar, sino esta Comunidad que ahora dirige la Sra. Ayuso.

El cuarto problema está relacionado con el anterior porque el diseño de los impuestos y su distribución entre los de la Administración General del Estado, cedidos y compartidos con las Comunidades Autónomas, en lugar de favorecer los criterios de suficiencia y de progresividad como mandan nuestras leyes, se convierten en una competición para ver quien bonifica más, llegando a la práctica del dumping fiscal sin ningún rubor. Los impuestos del Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones y Actos jurídicos documentados exigen una reforma en sentido contrario al actual, permitiendo que estos impuestos cedidos solo puedan ser aumentados y nunca bajados. De lo contrario se llega a la triste situación de que los ciudadanos no madrileños financian a la Comunidad de Madrid cuando los primeros, por término medio, obtienen menos ingresos y tienen menores signos de riqueza. Se estima que la C. de Madrid ha dejado de ingresar merced a estos “regalos” 48.000 millones desde el año 2004 al 2019, lo cual supone una media anual de 3.000 millones justos de euros no ingresados. Con este dinero se podría haber atendido mejor a las residencias y tener mejor dotados de medios a los hospitales madrileños y, por ende, quizás el número de fallecidos hubiera sido menor. Del total de estos 48.000 millones, la parte del león de pérdida recaudatoria estaría en el impuesto de sucesiones y donaciones, con 32.610 millones. Por eso 400 de las 600 mayores fortunas de España están residiendo oficialmente en Madrid, para no pagar estos impuestos en la medida que el hecho imponible se impute al lugar de residencia.

La toma de impuestos a los ciudadanos debe ser suficiente para financiar el Estado de Bienestar que podemos permitirnos y deseamos, debe ser progresivo, pero además se puede demostrar -a partir de modelos macroeconómicos- que la distribución de los impuestos entre directos, indirectos y autonómicos de la renta y de la producción, puede ser decisivo para los efectos multiplicadores –o lo contrario– que tiene el gasto en la producción a través de la propensión al consumo. En general, los impuestos más eficaces para estos efectos expansivos son los del Patrimonio y los de Sociedades, puesto que menos relación tienen con la producción; en cambio, los más problemáticos para este fin, serían los de la renta, Transacciones e IVA. Y en una zona más ambigua quedaría las cotizaciones sociales, que afecta tanto a las posibles rentas de los trabajadores como a los costes de las empresas y, por ende, a sus ganancias. Para tener resultados concluyentes deben hacerse estudios de contrastación empírica a partir de modelos matemáticos desarrollados teniendo en cuenta, no solo las variables tradicionales como el consumo, la inversión, el sector exterior o el gasto público, sino la emisión neta de la deuda y los gastos en intereses y amortización de la misma.

En España no parece que sea problemática ni la relación entre impuestos directos e indirectos, sobre todo si consideramos como impuestos directos a las cotizaciones puesto que detraen en parte de las rentas salariales. Por ejemplo, en el presupuesto del 2018 se estimaba una recaudación de 82.056 millones de euros por IRPF y 71.575 millones por IVA, y, además, un gasto en pensiones de 144.834 millones. Parece también suficiente el tipo máximo marginal del 45%  pero, además, con la propuesta del Gobierno de coalición de subir 2 puntos a las rentas de más de 130.000 euros y 4 puntos a las que superen 300.000, la cuestión de los tipos marginales ya no sería un problema que impidiera la progresividad del sistema. Del IRPF habría que revisar algunas de sus deducciones y bonificaciones, especialmente las que afectan a los fondos de pensiones como rentas irregulares.

Como conclusión operativa a la hora de abordar una reforma fiscal estaría en primer lugar el problema del fraude fiscal, el segundo la modificación legal para evitar la elusión fiscal, el tercero, el de eliminar gran parte de las exenciones, deducciones y bonificaciones cuyos efectos sobre el ahorro o, en su caso, sobre la inversión, son de dudosa eficacia recaudatoria y nada de dudosa injusticia fiscal. Recuperar los impuestos cedidos a las Comunidades o bien, manteniéndolos, impedir legalmente que puedan bajar los tipos o hacer exenciones y bonificaciones parece obligado. Los impuestos se ceden para que las Comunidades Autónomas puedan financiar sus competencias en el Estado de Bienestar, que son casi todas. Y lo mismo con los tipos de los tramos autonómicos. En su día se legisló mal y es necesario, imprescindible, reparar semejante desaguisado. Y, por último, repensar para más plazo la necesidad de ir sustituyendo parcialmente las cotizaciones por impuestos directos, porque las primeras son un impuesto contra el trabajo y es una –no la única, por supuesto– de las explicaciones de que tengamos un desempleo estructural varios puntos superior a Europa. Las estadísticas demuestran que tenemos la más alta participación de cotizaciones en el conjunto de los ingresos del Estado que la media europea y con mucha diferencia.


[1] La parte que no representa gasto real o bien porque se renueva lo que se amortiza (pagos) con lo que se emite (ingresos).