MUSEL. La Audiencia Nacional confirma los indicios de delito en las obras de El Musel y ordena ir a juicio

La Audiencia Nacional confirma los indicios de delito en las obras de El Musel y ordena ir a juicio

 

Mantiene en el banquillo a Rexach, Rato, Palao y Navas, saca a Alcoba y niega que la absolución del Tribunal de Cuentas influya en la causa penal

RAMÓN MUÑIZ / MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 11 enero 2020, 09:26

 

 

Definitivo: habrá juicio penal por la ampliación de El Musel. En el verano de 2018 la magistrada Carmen Lamela, que entonces dirigía la investigación, la dio por terminada apreciando indicios de prevaricación y fraude en 24 responsables, entre altos funcionarios y directivos de constructoras. La nómina incluía al expresidente de la Autoridad Portuaria, Fernando Menéndez Rexach; su ex director general, José Luis Díaz Rato; el exdirector de Puertos del Estado, Mariano Navas y Fernando Palao, exsecretario de Estado. La instructora llevaba tres años y medio de interrogatorios que también sirvieron para que descartase la comisión de malversación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la Hacienda Pública, ilícitos por los que también llegó a tenerlos imputados.

Los señalados recurrieron la decisión, primero ante Lamela, luego apelando a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Negaban que hubiera pruebas contra ellos y que lo procedente era archivarlo todo, o al menos la parte que afectaba a cada uno. Era su última bala pero el atasco judicial y el cambio de magistrados al frente del pleito han provocado que la Audiencia Nacional tardase año y medio en resolver.

En los últimos días emite autos que confirman la existencia de «indicios bastantes» para ir a juicio oral contra, al menos, Menéndez Rexach, Díaz Rato, Navas y Palao, así como contra Maximino Gorostiza (de Alvargonzález) y Ana Isabel Dizy (de Dragados). La respuesta a otros implicados se conocerá en los próximos días pero la Audiencia ya ha ordenado dejar al margen del proceso a José María Alcoba, el que era jefe de la Abogacía del Estado en Asturias.

En un primer momento, la Fiscalía vio en él indicios de prevaricación al creer que los informes que emitió sobre las obras dieron por bueno pliegos y un sobrecoste que vulnerarían la legislación. El aludido argumentó que esos estudios los hizo en virtud de un convenio de asistencia a la Autoridad Portuaria, no eran vinculantes ni «mucho menos decisivos» para sacar adelante el pliego o el sobrecoste. Tras revisar su papel, la Audiencia recuerda que para hablar de prevaricación debe existir una contradicción «palmaria y grosera» con la legalidad, algo que no encuentra en Alcoba.

«No cabe atribuir al recurrente ninguna conducta penalmente relevante en la adjudicación del contrato público», señala el auto. Tampoco puede aseverarse que el informe favorable al sobrecoste lo hiciera «a sabiendas de su injusticia, máxime cuando existen otros informes precedentes emitidos por el Ministerio de Fomento, de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria que ya avalaban la procedencia del modificado del contrato excluyendo la responsabilidad del contratista».

Ese argumento también lo vienen repitiendo Menéndez Rexach y Díaz Rato. Ambos afrontaron el pasado septiembre un primer juicio en el Tribunal de Cuentas donde la Fiscalía y el Abogado del Estado les reclamaba que repusieran de su bolsillo los 135 millones abonados en un sobrecoste. Como se recuerda, El Musel contrató las obras de ampliación con la idea de que el material de relleno del nuevo dique procediera de las canteras más próximas, en Aboño Carreño. Con los trabajos ya lanzados, las constructoras tropezaron con la imposibilidad de seguir nutriéndose de esos yacimientos. O se le financiaba para ir a por el pedraplén más lejos, o la obra se paraba con el riesgo de que el mar se llevase lo avanzando.

El Musel empezó a aplicar unas tarifas más altas, sin darles el respaldo jurídico de un proyecto modificado. Los 135 millones son el dinero extra que se abonó sin esa formalidad. Rexach y Díaz Rato alegaron en su defensa que si avanzaron así es porque tenían informes jurídicos, técnicos y el respaldo político de Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento. En primera instancia, el Tribunal de Cuentas acogió esa posición y concluyó que su hacer no causó menoscabo al erario, por lo que los absolvió.

Es algo que ahora recordó ante la Audiencia Nacional el letrado de Díaz Rato. La Sala de lo Penal responde que «no puede darse la relevancia que pretende el recurrente» a aquella absolución. La conclusión de que no hubo quebranto a las arcas «no alcanza a la responsabilidad penal, que es el objeto de este procedimiento, en el que se imputa al recurrente no por una malversación de fondos públicos sino por los actos realizados con vulneración de la normativa de contratación púbica en orden a la adjudicación de las obras a la UTE Dique Torres».

El auto considera que hay indicios para pensar que el entonces director de El Musel participó de una «vulneración de la normativa» a la hora de valorar las ofertas presentadas por los aspirantes a hacerse con la obra. Ello «a pesar de la inconsistencia técnica y la inviabilidad económica de la oferta presentada por la UTE Dique Torres, que debería haber sido excluida por vulneración» de la legislación de contratos. «Tales actuaciones, al contrario de lo que se alega, sí revisten indicios de posible delito de fraude a la administración pública y continuado de prevaricación», deducen.

«No prejuzga culpabilidad»

En la respuesta a Rexach, la Audiencia precisa lo que significa todo esto. «No estamos en el momento de dictar sentencia, absolutoria o condenatoria (...) sino simplemente en la fase de decidir si existe base razonable suficiente» para ir a juicio. Ordenar que se celebren esas vistas «no prejuzga la culpabilidad de un imputado, ni de ninguna forma excluye su inocencia». En este momento para sobreseer la causa para alguien sí es necesario que la investigación «evidencie de forma objetiva y clara, sin necesidad de interpretaciones subjetivas», la ausencia de indicios. Si existe alguna duda o sospecha, toca aclararla en el juicio.

Esa será la siguiente etapa porque además, como se le responde a Navas, los «hechos no estarían prescritos». En su caso, la sospecha se ciñe a una reunión en Fomento donde, junto a Palao, habrían conminado al presidente y el director de El Musel a aceptar la tesis de la UTE y aplicar nuevas tarifas.

Estas decisiones de la Audiencia no admiten ya más impugnación, por lo que, una vez resuelva los recursos pendientes, será el turno de que el Fiscal presente su escrito de acusación. Luego lo harán las acusaciones populares y particular (Ocan, José Prendes y la Asociación de Vecinos del Alto Aboño) y por último responderán las defensas. Será entonces el momento de buscar en la agenda del juzgado fechas libres y señalar el juicio.