El Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones por la plataforma Castor

 

 

 

 

La Vanguardia

  • La instancia rechaza que se cargara el pago al sistema gasista y vía decreto ley argumentando “situación de extraordinaria y urgente necesidad”

 

 

La plataforma Castor, frente a la costa de Castellón (Pedro Madueño)

 

EFE, Barcelona

 

22/12/2017 15:11 | Actualizado a 22/12/2017 16:28

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que el Gobierno otorgó en 2014 a las empresas promotoras, la principal ACS, del proyecto de almacén de gas de Castor.

Fijada a través de un decreto ley y con cargo al sistema gasista, la sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, señala la “necesidad de una norma con rango de ley” para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista, sin que pueda regularse a través de un real decreto ley.

El cargo al sistema gasista

El TC considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. En opinión del tribunal, no se ha aducido “ninguna razón” que acredite la existencia de una “situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia”.

“Ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional representan auténticas razones de urgencia (...)”, añade el Constitucional en su sentencia.

No estaba justificada

En ese sentido, el TC recuerda que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española, la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” debería ir acompañada por una justificación de “las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia”.

En su sentencia, el Constitucional estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

La actividad, suspendida en 2013

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS –participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

El TC concluye que las indemnizaciones acordadas en el decreto ley “no guardan la debida conexión de sentido” con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que “su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes de derecho que no encuentra cobertura” en el artículo 86.1 de la Constitución.

Por ese motivo, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que establecían los “cálculos previstos” para desarrollarla y el “plan de costes para el ejercicio 2015”

 

 

 

 

El Constitucional anula la indemnización de 1.350 millones por la plataforma Castor

 

 

 

  • La instancia rechaza que se cargara el pago al sistema gasista y vía decreto ley argumentando “situación de extraordinaria y urgente necesidad”

 

 

 

 

 

La plataforma Castor, frente a la costa de Castellón (Pedro Madueño)

 

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EFE, Barcelona

 

 

 

22/12/2017 15:11 | Actualizado a 22/12/2017 16:28

 

 

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por inconstitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que el Gobierno otorgó en 2014 a las empresas promotoras, la principal ACS, del proyecto de almacén de gas de Castor.

 

Fijada a través de un decreto ley y con cargo al sistema gasista, la sentencia del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Antonio Xiol, señala la “necesidad de una norma con rango de ley” para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista, sin que pueda regularse a través de un real decreto ley.

 

El cargo al sistema gasista

 

El TC considera que no concurría una “situación de extraordinaria y urgente necesidad” que justificara aprobar un decreto ley para “atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista”. En opinión del tribunal, no se ha aducido “ninguna razón” que acredite la existencia de una “situación de extraordinaria y urgente necesidad a la que debiera hacerse frente dictando un decreto ley y que justificara la aprobación de la norma de urgencia”.

 

“Ni el eventual ahorro económico para el sistema gasista ni el hecho de que esta operación de crédito contra el mismo no se compute en términos de contabilidad nacional representan auténticas razones de urgencia (...)”, añade el Constitucional en su sentencia.

 

No estaba justificada

 

En ese sentido, el TC recuerda que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española, la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” debería ir acompañada por una justificación de “las razones por las cuales la asignación del pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el recurso al procedimiento legislativo ordinario o de urgencia”.

 

En su sentencia, el Constitucional estima parcialmente los recursos presentados por el Parlamento, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acuerda declarar “inconstitucionales y nulos” los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Castellón, tras los pequeños seísmos registrados en la zona.

 

La actividad, suspendida en 2013

 

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS –participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación. Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

 

El TC concluye que las indemnizaciones acordadas en el decreto ley “no guardan la debida conexión de sentido” con la situación de urgente necesidad provocada por los movimientos sísmicos de Castor, por lo que “su adopción representa una inadecuada alteración del sistema de fuentes de derecho que no encuentra cobertura” en el artículo 86.1 de la Constitución.

 

Por ese motivo, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que establecían los “cálculos previstos” para desarrollarla y el “plan de costes para el ejercicio 2015”

 

 

 

Castor: el chollo para Florentino que vamos a pagar en la factura del gas hasta 2044

 

Iba a ser el depósito de gas natural más grande de España, pero ha acabado siendo una ruina para las arcas públicas. ACS, en cambio, ya ha sido indemnizado con 1.700 millones

 

 

 

 

 

Instalaciones del proyecto Castor, a 21 kilómetros de la costa de Vinaroz (Castellón). (EFE)

 

M. ZUIL

 

D. BRUNAT

 

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·        PROYECTO CASTOR

 

·        CASTELLÓN

 

·        GAS NATURAL

 

TIEMPO DE LECTURA6 min

 

14.05.2017 – 19:01 H.

 

Un proyecto "innecesario y faraónico" que los más suspicaces califican de regalo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al empresario Florentino Pérez. Una instalación que antes de ser aprobada en 2008 ya empleaba técnicas obsoletas. Muchas son las incógnitas, sospechas e indignaciones que levanta el caso Castor, el quinto y más grande depósito de gas natural de España, hoy paralizado por la alarma social que originaron los 500 terremotos de 2012 y 2013. Estas son las claves de un fracaso técnico y político cuyas consecuencias, si la Justicia no lo remedia, pagaremos todos los españoles durante los próximos 30 años en nuestra factura del gas.

 

¿Qué es el proyecto Castor?

 

El proyecto Castor es una instalación paralizada que pretendía ser elmayor depósito de gas natural de España, situado frente a Vinaroz (Castellón) y el delta del Ebro. Su objetivo estratégico era garantizar el suministro de gas natural en todo el país en caso de escasez, puntas de consumo o cese de las importaciones. Fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 y puesto en marcha en 2012, pero no pudo seguir adelante por los movimientos sísmicos que provocó en las costas de Castellón y Tarragona. Tras el proyecto está la concesionaria Escal UGS, participada en un 66,7% por el grupo ACS, del empresario Florentino Pérez, y en un 30% por la canadiense CLP.

 

 

Costa de Vinaroz, con la plataforma petrolífera reconvertida en depósito de gas natural al fondo. (EFE)

 

 

¿Cuánto costó?

 

Según las cuentas de la compañía gestora, el proyecto ya costaba 1.193,5 millones de euros a 31 de diciembre de 2011, un 89,54% por encima del coste inicial previsto. En 2013, según el Ministerio de Energía, los costes se habían disparado hasta los 1.700 millones.

 

 

 

 

Florentino Pérez quiso inflar los costes del cierre del almacén gasista de Castor

 

MARCOS LAMELAS. BARCELONA

 

ACS intentó colar como costes el asesoramiento financiero para refinanciar el almacén, derechos de emisión, catastro y cánones de puerto e hidrocarburos y operativa intragrupo

 

 

 

¿Cómo funcionaría?

 

Castor aprovecha un antiguo pozo petrolífero ubicado a 21 kilómetros de la línea de costa de Vinaroz y a 1.750 metros de profundidad. El depósito artificial tiene capacidad para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema español durante 50 días, es decir, 1.900 millones de metros cúbicos. Para ello, se necesitan seis meses de funcionamiento.

 

El proceso consiste en tomar gas natural de la red básica de gasoductos —las tuberías por las que se transporta el gas—, comprimirlo más e inyectarlo en el almacenamiento a más de 1.000 metros de profundidad a través de pozos.

 

 

 

 

Soria condena Castor, 'regalo' del PSOE a Florentino Pérez a cargo del ciudadano

 

AGUSTÍN MARCO

 

José Manuel Soria está preocupado. Los movimientos sísmicos que empezaron en Vinaroz en septiembre han disparado su intensidad. El ministro en primera persona descuelga el teléfono y

 

 

 

¿Por qué está paralizado?

 

La plataforma dejó de funcionar en la fase previa de la explotación por los terremotos que estaba provocando en la zona. Un año después, en 2014, un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre la actividad sísmica en el entorno del proyecto Castor concluyó que existía una "relación directa" entre los más de 500 seísmos que se produjeron en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y la inyección de gas. El estudio, además, reveló la existencia de una falla no cartografiada en la zona (falla bautizada como Castor), y aseguró que no se tuvo en cuenta el informe de "impacto de sismicidad inducida" para determinar la peligrosidad del proyecto. En un reciente informe, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) rechazó que la falla Castor fuera la causante de los terremotos, afirmando que estos se originaron por "la desestabilización y el estrés" de la gran falla de Amposta.

 

Fuentes del propio departamento de José Manuel Soria admitían en privado en 2013 que se trataba de un proyecto “innecesario y faraónico” que nunca debió contemplarse en la planificación energética. Una reflexión que apunta a que pasará tiempo —y se necesitará mucha voluntad política— para reactivarlo.

 

 

 

 

Florentino Pérez podrá quedarse 240M al ganar un pleito a sus socios en Castor

 

MARCOS LAMELAS. BARCELONA

 

La petrolera Dundee Energy había cuestionado cómo se repartían 240 millones de euros que formaban parte de la indemnización del almacén gasista clausurado tras los terremotos

 

 

 

¿Cuál es la situación actual?

 

La instalación está en desuso desde septiembre de 2013, cuando la inyección de "gas colchón", paso previo al inicio de las operaciones, dio origen a los terremotos y congeló el proyecto. A principios de este mes de mayo, el ministro de Energía, Álvaro Nadalaseguró que no desmantelarán de momento la plataforma porque la situación es "estable" y que habrá que realizar un estudio para decidir su futuro. "Es como si inflamos un globo que ha tocado unos cimientos, si luego se desinfla, que es lo que ocurriría con el desmantelamiento, también podría mover los cimientos, así que habría que hacerlo con prudencia y seguridad", explicó.

 

 

Imagen de una de las manifestaciones de vecinos afectados por los seísmos en la costa de Castellón. (EFE)

 

 

¿Se reabrirá en el futuro?

 

El almacén, según adelantó el ministro Álvaro Nadal, no reabrirá. La puntilla al proyecto la ha dado el Massachusetts Institute of Technology (MIT), que en su recién concluido informe sostiene, como ya señalaron sendos estudios del Instituto Geológico y Minero de España y del Instituto Geográfico Nacional, que la inyección de gas en la platafoma originó los terremotos de 2013 y recomienda su cierre. Sin embargo, el MIT echa un cable a Florentino Pérez y al propio Ministerio de Energía al concluir que era imposible prever el desastre. Una valoración que cae como una losa sobre la aspiración de distintas plataformas ciudadanas que exigen a ACS la devolución de los 1.350 millones que recibió como indemnización tras el desastre. O sobre la misma Afectados por la Plataforma Castor (Aplaca), que sigue batallando contra los responsables del proyecto por los perjuicios ocasionados a los ciudadanos.

 

 

 

 

El Gobierno no desmantelará Castor porque sacar el gas entrañaría un alto riesgo

 

EC/AGENCIAS

 

Esta es una de las principales conclusiones del informe encargado por Enagas al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el almacenamiento, ubicado en Vinaroz

 

 

 

¿Quién pagará la factura?

 

La concesión otorgada por el Gobierno de Zapatero, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, incluía una controvertida cláusula que garantizaba la devolución de la inversión en caso de reversión de la misma. El Gobierno ya abonó 1.350 millones de euros a ACS en 2014, que se suman a otros 110 millones pagados anteriormente. A eso hay que añadir otros 295,6 millones en concepto de 'derechos retributivos' por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. Total: 1.755 millones. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es taxativa: la factura del desastre se socializará entre todos los españoles, hasta alcanzar los 4.731 millones de euros. Cifra a la que se llega añadiendo un 4,27% anual de intereses del pago de la indemnización por los 30 años de concesión a la concesionaria Escal UGS, participada por ACS en un 66,7%. A razón de 80 millones anuales, el pago a la concesionaria ascenderá a 2.400 millones extra en el año 2044. Lo que implicará invariablemente un sobrecoste en la factura del gas para todos los usuarios españoles, "ya de por sí de los que más pagan de Europa", subraya la OCU.

 

 

 

 

Efecto Castor: los técnicos apenas firman ya declaraciones de impacto ambiental

 

RAFAEL MÉNDEZ

 

Tras la imputación por el almacén Castor, los informes se eternizan. Medio Ambiente solo publica cinco declaraciones de impacto este año, 10 veces menos que en 2014

 

 

 


El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaroz tiene a su vez una investigación abierta sobre una veintena de directivos de laconcesionaria Escal UGS y técnicos de la Administración para determinar si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto gasístico.