EL MUSELAZO.- Las acusaciones populares consideran "muy graves" los informes periciales de la IGAE en el "caso Musel"

Las acusaciones populares consideran "muy graves" los informes periciales de la IGAE en el "caso Musel"

Ocan pregunta "quién recibió qué" para que se cometieran "tantos actos presuntamente fraudulentos" mientras Ciudadanos por Asturias habla de "prevaricación absoluta" de la Autoridad Portuaria

M. C. 22.02.2017 | 17:14

Las acusaciones populares consideran "muy graves" los informes periciales de la IGAE en el "caso Musel"

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Las acusaciones populares en el "caso Musel", el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan) y Ciudadanos por Asturias, han calificado hoy de "muy graves" las conclusiones a las que llegan las dos interventoras de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el informe ampliatorio sobre la obra de ampliación de El Musel que remitieron a finales de enero a la Audiencia Nacional, desvelado en su edición de hoy por LA NUEVA ESPAÑA.

Dique Torres, la UTE liderada por Dragados (grupo ACS) que construyó la ampliación de El Musel, fue favorecida frente a otras constructoras por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra que fueron puestas de manifiesto por un informe elaborado en junio de 2015 por dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el "caso Musel". Las dos peritos han entregado una ampliación de ese informe en el que entre otras cosas señalan que una valoración correcta del plan de trabajos presentado por los licitadores, hubiera desbancado la oferta de Dique Torres en favor de la presentada por la UTE liderada por Ferrovial.

"Me parecen muy graves, esclarecedores y me despiertan preguntas: ¿Por qué? Es decir, no se cometen tantos actos presuntamente fraudulentos de manera continuada, acumulada y consciente si no es a cambio de algo. Me gustaría saber quién recibió qué para que se de esta situación", señaló el presidente de Ocan, José Ángel Gayol.

Gayol agrega que los informes de las peritos de la IGAE reafirman que "había motivos de sobra" para que Ocan hubiera promovido la investigación penal en la Audiencia Nacional, lo que hizo presentando una denuncia pareja en el tiempo a la que formuló la Fiscalía Anticorrupción. "Había dudas de sobra para entender que la adjudicación de este macroproyecto era claramente fraudulenta. No sólo no se cumplían los pliegos en la fase de adjudicación, sino que en la de ejecución tampoco s ecumplían a la vista de estos informes. Por tanto, no se tenía que haber adjudicado a la UTE Dique Torres este contrato y ademas tendría que haberse anulado ante la ejecución no satisfactoria", concluyó el presidente de Ocan.

El presidente de Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, apuntó que "esto viene a ratificar lo que pensábamos desde el primer momento". Para Abando ya había dos cosas que "llamaban muchísimo la atención" antes incluso de que se iniciara el procedimiento penal: La inclusión en las bases del concurso de la utilización de la cantera de Aboño, "lo cual era una ilegalidad como reconoció la IGAE, dado que uno de sus copropietarios era Sato" empresa integrante de Dique Torres y por otro lado, "que una oferta mucho más barata, como la de Sacyr se dejara fuera por con dos argumentos inconsistentes; que no se confiaba en las canteras que proponía cuando a la postre las canteras fueron el origen de los sobrecostes y dos, que no tenían solvencia los suministros en el tema marítimo, para los que Sacyr proponía a una de las cuatro empresas más importantes del mundo en ese sector".

Tudela Veguín

Abando añadió que ya durante el proceso se vio una tercera cosa "definitiva", como fue "el contrato firmado por Tudela Veguín con Dique Torres sobre la cantera de Perecil, porque cualquier empresario lo hubiera firmado con los cuatro ofertantes, pero Tudela Veguín lo firmó con uno sólo porque sabía perfectamente, a través de la Autoridad Portuaria, que el adjudicatario de la obra iba a ser la UTE Dique Torres".

Una valoración que Abando considera que ahora se ve reforzada con los informes de las interventoras de la IGAE, "que vienen a decir que la propia oferta de la UTE vulneró la legislación sobre contratación pública, con lo que evidentemente la oferta debería de haber sido rechazada y no se hizo". Para el presidente de Ciudadanos por Asturias "mucho antes de la adjudicación de la obra, en enero de 2005, la Autoridad Portuaria ya sabían quién iba a ser el adjudicatario. Bajo mi punto de vista, hay una prevaricación absoluta y tajante de la Autoridad Portuaria de Gijón", concluyó.

 

 

El Musel favoreció a Dragados al adjudicar la ampliación, según el informe de dos peritos

Irregularidades en la valoración de las ofertas beneficiaron a la UTE ganadora frente a Ferrovial, estima la Intervención del Estado

M. C. 22.02.2017 | 20:11

La obra de Dique Torres en abril de 2007, con el morro de invernada en primer término. MARCOS LEÓN

Dique Torres, la UTE liderada por Dragados (grupo ACS) que construyó la ampliación de El Musel, fue favorecida frente a otras constructoras por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra que fueron puestas de manifiesto por un informe elaborado en junio de 2015 por dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a petición del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, donde se instruye el "caso Musel". Las dos peritos han entregado una ampliación de ese informe en el que entre otras cosas señalan que una valoración correcta del plan de trabajos presentado por los licitadores, hubiera desbancado la oferta de Dique Torres en favor de la presentada por la UTE liderada por Ferrovial.

Fue la Fiscalía Anticorrupción quien solicitó la ampliación del informe pericial, ampliación fechada el pasado 7 de enero. En su primer informe de 2015 las dos interventoras de la IGAE designadas como peritos, Fátima Blasco Cantera e Imilce Navarro Cabezas, habían apuntado lo que a su entender son importantes irregularidades en la adjudicación y ejecución de la obra de ampliación. Entre otras cosas, el informe de 2015 señalaba que la oferta que resultó adjudicataria debía de haber sido excluida por vulnerar la legislación sobre contratación pública, dado que modificaba los precios de licitación de parte de las unidades de obra y también incluía unidades de obra (trabajos) no previstos en la licitación. Aquel informe daba a entender que se habían aplicado criterios arbitrarios en la adjudicación, como por ejemplo la exclusión de una de las ofertas presentadas por Sacyr por ese mismo motivo, mientras que la de Dragados no se excluyó.

Aquel primer documento pericial también resaltaba las supuestas incongruencias entre los informes técnicos sobre las ofertas presentadas y la valoración final que se hizo de las mismas: La oferta de Dragados era irrealizable por no contemplar la construcción de morros de invernada (protecciones con grandes bloques de hormigón de la zona de avance de obra del Dique Torres durante los inviernos, cuando paraba la obra marítima, para evitar destrozos por los temporales), mientras que desde la Autoridad Portuaria también se consideraba irrealizable la propuesta de Ferrovial, pese a lo que ambas ofertas se valoraron.

Pero es que aunque no se tenga en cuenta que la oferta de Dique Torres vulneró la Ley de Contratación Pública y que era imposible técnicamente de construir, tampoco debía de haber sido la seleccionada, según se desprende del informe ampliatorio de las peritos de la IGAE, que ha sido entregado el pasado 31 de diciembre al juez, junto con un segundo informe sobre la procedencia de los materiales empleados en la obra, también solicitado por la Fiscalía.

La oferta liderada por Dragados resultó beneficiada al no tener en consideración que el plan de trabajos que presentaba para la obra, los plazos, eran irrealizables debido a que Dique Torres sostenía que no era necesario paralizar las obras marítimas en invierno, al contrario de lo que realmente acabó sucediendo "con el consiguiente sobrecoste", señala el nuevo informe pericial. Las peritos de la IGAE consideran que el plan de trabajos presentado por Dragados debía de haberse valorado con cero puntos. Ese cambio habría llevado a que la oferta adjudicataria fuese la de Ferrovial.

Otro aspecto que se los técnicos cuestionaron, pero no valoraron negativamente, sobre la oferta de Dragados fue su previsión de colocar todos los grandes cajones de hormigón que conforman el Dique Norte y el Muelle Norte en un sólo verano. Al final ese trabajo requirió tres campañas y flexibilizar en el proyecto modificado las condiciones de colocación.

Otras de las supuestas incongruencias entre la opinión que expresa la comisión técnica sobre las ofertas y la valoración de las mismas con "ausencia de metodología común" o con criterios de valoración diferentes, respecto a los mismos aspectos, para las distintas ofertas, no habrían tenido una repercusión en la propuesta de adjudicación de haberse realizado correctamente (cambiarían la puntuación, pero no el orden de los licitadores). Eso aplicando los criterios fijados en los pliegos del concurso, que las peritos de la IGAE también cuestionaron, como fue premiar el uso de la cantera de Aboño, lo que para las peritos supuso un riesgo, en lugar de diversificar las fuentes de suministro.

 

El proyecto de la ampliación remitido al juez es distinto del licitado, desvela Intervención

El informe pericial apunta omisiones, incoherencia e incorrecciones en el "expediente" enviado por el Puerto a la Audiencia Nacional

M. C. 22.02.2017 | 20:11

Vista desde el mar del Dique Norte, un muro vertical que protege la ampliación de El Musel. ÁNGEL GONZÁLEZ

Documentos sin firmar por sus responsables, incompletos, yuxtapuestos, ausencias de papeles relevantes, incoherencias internas e incorrecciones, son algunas de las conclusiones de las dos peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el "expediente" de la obra de ampliación de El Musel que la actual dirección de la Autoridad Portuaria remitió a la Audiencia Nacional, tras haber recibido varios requerimientos. El fiscal había solicitado que las peritos se pronunciaran sobre si el Puerto había enviado el expediente íntegro o uno realizado "ad hoc" para presentar al juzgado. Entre lo que ponen en cuestión las interventoras de la IGAE sobre la documentación remitida, se incluyen sus dudas sobre que el Puerto haya enviado al juzgado el proyecto de la obra de ampliación que fue visado por Puertos del Estado y licitado.

El informe pericial de las interventoras de la IGAE, que amplía el que habían entregado en junio de 2015, destaca "una posible discrepancia" entre el proyecto constructivo enviado a la Audiencia Nacional y el que en su día tramitó El Musel ante Puertos del Estado. Por un lado, las peritos indican que el informe remitido al juzgado incluye obras no incluidas en el remitido al organismo portuario. Además, indican que existen discrepancias presupuestarias entre ambos proyectos, pesa a que la cuantía total es idéntica: "El presupuesto presentado a Puertos del Estado es del mismo importe que el de licitación aportado por la Autoridad Portuaria al Juzgado, no obstante incluir un subcapítulo más por importe de 6.132.827,28 euros. En consecuencia, el presupuesto mencionado en el informe de Puertos del Estado, 'suscrito en junio de 2004 por el ingeniero Lorenzo Quevedo Negrete, de la consultora Sener, bajo la dirección de José Moyano Retamero y Miguel Villalobos Santo Domingo, Jefe de la División de Proyectos y Obras y Jefe del Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria de Gijón' no puede ser el mismo que el presentado a licitación", señala el informe pericial en el que se agrega que la fecha del presupuesto de licitación aportado, 30 de junio de 2004, es anterior a la fecha del informe preceptivo de Puertos del Estado, 13 de julio de ese año, y a la fecha de aprobación técnica y económica del proyecto, el 15 de julio.

Excluida por el seguro

El informe pericial señala en uno de sus apartados que "con la documentación aportada no es posible verificar la versión del proyecto entregado a los contratistas licitadores ni el alcance de las modificaciones en el proyecto".

Las interventoras también consideran que Dique Torres debió de haber sido excluida del concurso por no contratar un seguro "conforme a lo establecido en el pliego" de condiciones, algo que más de un año después de la adjudicación, en marzo de 2006, Dique Torres aún no había presentado al Puerto. Este incumplimiento de un requisito exigido en la licitación "hubiera sido causa de inadmisión de la empresa". No sólo eso, sino que la entonces gerente de la UTE, Ana Dizy, carecía de "poderes adecuados y suficientes" para presentar la ofertas de Dique Torres a la licitación.

El informe apunta que la oferta de Dique Torres recibió altas puntuaciones en lo relativo al organigrama de personal, frente a la baja calificación que se dio a la oferta más barata de Constructora Hispánica. Un hecho que contrasta con el hecho de que el Puerto no aprobó, meses después de iniciada la obra, el organigrama presentado por la UTE, considerando "deficiente" el personal de la Oficina Técnica, sin técnicos con experiencia contrastada en obras marítimas, puestos relevantes sin cubrir, algo que también afectada a "los demás departamentos en general, y en particular a los de producción terrestre, canteras y bloques, donde por debajo de la jefatura de departamento no se cuenta con suficientes técnicos con la titulación y experiencia necesaria", según señalaba en su día la dirección técnica de la obra. La mitad de los puestos del organigrama propuesto por Dique Torres en la licitación no se habían cubierto medio año después del arranque de las obras.

El informe pericial echa en falta los estudios sobre el coste de los materiales, en especial el vinculado con el estudio encargado por el Puerto a la Universidad de Oviedo del que "se deduce la existencia de documentación relativa a los costes de los materiales a pie de obra prefijados inicialmente por la entidad contratante; documentación que no consta entre la aportada" al juzgado.

También se detienen las interventoras en analizar las actas de nuevos precios pactadas por la dirección del Puerto con Dique Torres año y medio antes de que el Consejo de Administración autorizara los sobrecostes de la obra y señala que el Puerto costeó determinados estudios técnicos para rediseñar el proyecto, en lugar de hacerlo la UTE.

En general, respecto a la documentación aportada al juzgado en soporte electrónico por la Autoridad Portuaria de Gijón el 24 de febrero de 2016, las interventoras de la IGAE señalan entre otras cuestiones que "en un porcentaje significativo, los documentos están sin firmar ni datar, incompletos, con incorrecciones o incoherencias internas", apuntando respecto a la falta de firma que "carecen de validez para extraer conclusiones" e impiden conocer "la competencia de los responsables de los distintos actos administrativos".

Las peritos no sólo apuntan a las carencias, sino también a "la aportación de documentos redundantes" o con alusiones a otra documentación que no se aporta; textos cuya elaboración es competencia del Puerto aportados con logos de empresas u otras entidades, no se incluyen contratos ni facturas sobre estudios relativos a la ampliación, falta de documentación sobre actos administrativos, distintas versiones de documentos y actuaciones relativas al proyecto de ampliación cuyo coste no se encuentra incluido en el presupuesto del mismo.

Las interventoras agregan que el Puerto incumplió la prescripción establecida por el Ministerio de Medio Ambiente, en la Declaración de Impacto Ambiental de la obra, que obligaba a incorporar esa documentación ambiental entre la de contratación

El informe destaca que "el pliego de prescripciones técnicas particulares aportado está firmado por la representante de la empresa adjudicataria, circunstancia incompatible con la datación del mismo, mayo de 2004, dado que el anuncio de licitación fue publicado en el BOE de 22 de julio de 2004".

También consideran las interventoras que la obra se licitó sin la previa aprobación del gasto total, dado que el crédito retenido había sido de 499,34 millones de euros (el presupuesto sin IVA) y la obra adjudicada en 579,24 millones (con IVA)

El informe no puede determinar los sobrecostes por invernadas y fondeos

M. C. 22.02.2017 | 20:11

La ampliación del informe pericial realizado por las interventoras de la IGAE responde a algunas de las cuestiones planteadas por la Fiscalía, pero no a todas.

Las interventoras no han podido concretar la cuantía desembolsada por la Autoridad Portuaria de Gijón a la UTE Dique Torres por los trabajos para construir y retirar los morros de invernada y para el prefondeo de los cajones de hormigón antes de su colocación definitiva. Ambas eran cuestiones que no había incluido Dique Torres en su oferta, pero que eran necesarias para la ejecución de la obra.

Un informe de Puertos del Estado llegó a advertir a la Autoridad Portuaria de que debían incluir en el proyecto las partidas para morros de invernada. Los pliegos del concurso también obligaban a Dique Torres a informar previamente al director de obra de los planes para las invernadas, aviso que las interventoras creen que no hizo la UTE.

Respecto a los "sobrecostes" por los morros de invernada, el informe pericial apunta que en la documentación aportada por la Autoridad Portuaria y en el análisis de los informes de la asistencia técnica a la dirección de obra, sólo se desglosa 1,14 millones de euros para el morro de invernada de septiembre de 2006. No hay otras referencias a lo abonado por ese concepto, si bien el proyecto que se licitó incluía una partida de 6,13 millones de euros para obras auxiliares de la construcción del Dique Torres, que eran los morros de invernada.

En cuanto al fondeo provisional o prefondeo de los cajones de hormigón junto al dique Príncipe de Asturias, antes de su colocación definitiva, el informe pericial señala que no puede determinar su coste debido a que el mismo se certificó junto al transporte para el fondeo definitivo, sin diferenciar ambos procesos, y sólo se certificó obra con el fondeo definitivo.

El criterio de las interventoras designadas como peritos judiciales es que sí debía de haberse contabilizado aparte, como una unidad de obra más. Las peritos remiten a otros técnicos para verificar el material usado en la obra

M. C. 22.02.2017 | 20:11

Las interventoras de la IGAE remitieron en enero un segundo informe a la Audiencia Nacional en el que consideran que no son las adecuadas para verificar la cuantía del material realmente utilizado en la obra de ampliación y su coste, considerando que esa pregunta que les formuló el juez la deben responder "expertos con el adecuado perfil técnico".

 

Este segundo informe refleja las discrepancias de la UTE Dique Torres con la liquidación de la obra y destaca que la asistencia técnica para el control de obra, la UTE Cabo Torres contrastaba sus mediciones con las efectuadas por Dique Torres. También hace referencia al estudio de materiales realizado por la Universidad de Oviedo, que fijaba los costes para los obtenidos en un radio de 60 kilómetros de la obra.