El Rey trata de salvar a Navantia de la quiebra en Arabia Saudí

 

 

 

Varias grúas en el astillero público de Navantia en Puerto. AFP

 

 Los astilleros públicos perdieron más de 200 millones en 2016

El Rey Felipe VI pedirá en Arabia Saudí un contrato de 2.000 millones.

CARLOS SEGOVIA

Madrid

14/01/2017 08:38

El grupo público Navantia registró en 2016 las mayores pérdidas de su historia y necesita como salvavidas el contrato con Arabia Saudí que intentará amarrar desde hoy el Rey Felipe VI en su viaje a Riad. Navantia no ha hecho públicos aún sus resultados del pasado año, pero fuentes consultadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) aseguran que las pérdidas netas superan los 200 millones, por encima de los ya inquietantes 167 millones de 2015. La empresa ronda la quiebra y supone un agujero creciente en las cuentas de la Sepi, el grupo público adscrito al Ministerio de Hacienda. Por tanto, un quebradero de cabeza para el titular del departamento, Cristóbal Montoro.  presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, forma parte de la delegación empresarial que acompaña al Rey en Riad y acaricia ya el contrato, porque existe la convicción en el Gobierno de que sólo estaba pendiente de este viaje del Rey. Ha sido aplazado en varias ocasiones, pero es necesario para que la monarquía saudí conceda su visto bueno final al tratarse de un contrato con un grupo público.

Según los datos trasladados por Navantia a Zarzuela, el contrato con Arabia Saudí es vital tanto en términos de ingresos como de empleo y carga de trabajo. Las cinco corbetas que espera poder vender Navantia suponen, según datos oficiales, carga de trabajo para cinco años en los depauperados astilleros de Cádiz y Ferrol y unos 6.000 empleos directos e indirectos relacionados con este pedido. Dado que la plantilla de Navantia son actualmente 5.300 personas, el contrato de Arabia Saudí supone un importante factor de mantenimiento del empleo. Controversia política. Lo más probable es que Felipe VI asegure el pedido, pero no apadrine la firma, que quedaría para semanas más tarde, para evitar al Monarca polémicas políticas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado ventas de material militar a países como Arabia Saudí. «No es sensato que un país democrático comercie con armas con países no sólo que no respetan los Derechos Humanos, sino que, de alguna manera, han generado dudas sobre su relación con organizaciones internacionales terroristas», llegó a afirmar durante la última campaña electoral. Sin embargo, otro miembro de su formación, el alcalde de Cádiz, José María González Kichi sí apoya el contrato para reanimar los astilleros, claves para la economía de su ciudad. También el alcalde de Ferrol en Común, Jorge Suárez, ha prestado apoyo aunque «con problemas de conciencia». Organizaciones No Gubernamentales como Greenpeace y Amnistía Internacional reclaman que Navantia no acepte vender corbetas a Arabia Saudí. En la empresa pública señalan que no son buques de ataque, sino de vigilancia de costas o de apoyo a otros buques de la Armada saudí y, sobre todo, que constituye el mayor contrato exterior de la historia de Navantia. Superior incluso al ya polémico de Venezuela logrado en 2005 por el entonces ministro de Defensa, José Bono. Revuelta atribuye las pérdidas de Navantia a la sequía de pedidos durante la crisis con una fuerte caída del que ha sido su principal cliente histórico: el Ministerio de Defensa de España. No obstante, la situación ha comenzado a revertirse con encargos de Australia y de la propia Armada española, pero que siguen haciendo imprescindible el salvavidas de Arabia saudí.

 

El grupo de astilleros aplica sus propias directrices al margen de la Ley de Contratos del Sector Público y se abona al procedimiento negociado sin publicidad

X.R.M.

 A Coruña 18/04/2016 23:59 horas

Navantia hace de la excepción una regla. Y la aplica de forma recurrente, casi en exclusiva. Todo un catálogo de directrices, y sobre todo salvedades, incorporadas a su manual de instrucciones internas de contratación permiten al grupo de astilleros públicos establecer criterios que están al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Demasiadas excepciones. Así, la compañía se convierte en paradigma de la contratación a dedo, recurriendo de forma abrumadora al procedimiento negociado sin publicidad, que debería ser una excepción.

 

 

Tan libre es la interpretación de Navantia de la normativa que, en su manual, son multitud los requisitos específicos para proceder a sus contratos. Y tiene cobertura legal, ya que la propia compañía advierte que  "no tiene la condición de poder adjudicador de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público". "Por ello", advierte, "la contratación de Navantia S.A. se ajustará unas instrucciones, que garantizan la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación".

Adjudicar a dedo

Del dicho al hecho hay un trecho muy particular para la compañía presidida por José Manuel Revuelta. Un repaso a los contratos de un solo mes, como puede ser febrero, el último disponible en su web, indica que el procedimiento negociado sin publicidad es prácticamente norma en los contratos de la empresa pública, que siguen directrices dispares, en cuanto a importe, sobre las normas de contratación de las administraciones públicas.

De hecho, según sus propios datos, Navantia recurre al procedimiento negociado sin publicidad para el 51,4% de los pedidos que realiza. De un total de 174,5 millones, que la compañía destinó a compras entre enero de 2014 y abril de 2015, unos 89,8 millones fueron a dedo, mientras que otros 72,7 millones se adjudicaron por otra fórmula cuestionada, la de la petición de ofertas, dejando solo 12 millones contratados para el procedimiento ordinario, que en teoría es el de los importes más bajos.

 

Excepciones como norma

Todo un abanico de excepciones establece Navantia para excluir determinados contratos del requisito de la publicidad. Por ejemplo, "cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato" o "cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente". Lo dice su manual de contratación.

De los cientos de contratos registrados en su web, durante el mes de febrero Navantia solo firmo tres por el procedimiento ordinario. Mayoría fueron los negociados sin publicidad. Y eso que el propio Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público considera este tipo de adjudicaciones, las negociadas sin publicidad, como "un procedimiento extraordinario de carácter excepcional".

El órgano de contratación, debería, en cada caso, analizar la conveniencia o no de su uso, siendo consciente de las limitaciones a la concurrencia que provoca. Lo dicen desde la  Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa. Esto, parece, no va con Navantia.

 

José Manuel Revuelta ganó por sus funciones al frente del astillero público 194.078 euros brutos en 2015, 11.000 euros más que el año anterior

 

Economía Digital

 

A Coruña 24/03/2016 21:48 horas

La retribución del presidente de Navantia sigue al alza. El pasado año, José Manuel Revuelta recibió una remuneración de 194.078 euros brutos, lo que equivaldría a una media de 16.173 euros al mes, algo más de 530 euros cada día de 2015.

Junto al presidente de la Sepi, Ramón Aguirre --que superó en 2014 los 200.000 euros--, está entre los altos cargos mejor pagados, con la coincidencia de que Revuelta es el primer ejecutivo de Navantia y Aguirre el de la sociedad que controla los astilleros públicos.

La remuneración percibida por José Manuel Revuelta se incrementó en 11.000 euros respecto al año anterior, cuando percibió 183.105 euros. No se trata de un aumento de sueldo, sino que el presidente se vio beneficiado por la recuperación de la parte proporcional de la paga extra suprimida en diciembre de 2012.

Un 9% más en dos años

Esto permitió que, en dos años, los ingresos de Revuelta por su trabajo en los astilleros públicos se elevasen algo más de un 9% --cobró 177.432 euros en 2013--, incluyendo en la cuantía total otros conceptos además del sueldo, como primas, dietas, etc.

La gestión de Revuelta al frente de Navantia había sido cuestionada por el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, en un momento en el que los astilleros eran incapaces de obtener encargos, la crisis económica golpeaba a los ciudadanos y la Ley de Transparencia ponía en evidencia los salarios de los altos cargos. Una confluencia de lo más polémica.

Directivos como Revuelta o Aguirre perciben remuneraciones que duplican la de Mariano Rajoy y triplican la de Feijóo, 78.185 euros y 67.000 euros respectivamente.

El consejo de administración del grupo público de astilleros, en el que se sientan tres miembros de Defensa y otros tres de Hacienda, apenas tiene atribuciones sobre su opaca política contrataciones

X.R.M.

A Coruña 20/04/2016 02:34 horas

La cuestionada política de contratación de Navantia tiene un peculiar modus operandi. Al margen de hacer gravitar la mayor parte de sus contratos sobre procedimientos negociados sin publicidad, una excepción que en el caso de los astilleros públicos se convierte en norma, hay varias circunstancias que evidencian una praxis que ha sido calificada de oscura desde diferentes ámbitos.

 Navantia  juega con ventaja: no tiene la condición de poder adjudicador de acuerdo con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Sin embargo, llega a adjudicar unos 174 millones en algo más de un año. Esa dualidad le permite establecer unas normas de contratación que siempre han estado en tela de juicio. Por ejemplo, en el grupo "no estarán sujetos a publicidad los contratos, siempre que se justifique debidamente por el órgano de contratación", dicen sus directrices de contratación.

La lista de exenciones

Están exentos de publicidad, en todo caso, contratos en los que el valor estimado sea inferior a 300.000 euros,  ya sean para la construcción o reparación de un buque o de suministros y servicios. En Navantia, para los contratos de importe inferior a 60.000 euros, la tramitación del procedimiento recae en el director de la Unidad de Producción, el director de Aprovisionamientos Generales, o puestos similares. 

En el caso de los contratos de importe superior a 300.000 euros para prestación de servicios o de importe superior a 600.000 euros para contratos de adquisición de bienes, la tramitación  recae en un Comité de Aprovisionamiento.

Un núcleo duro

El Comité de Dirección tendrá la última palabra sobre la adjudicación, decisión de la que se dará cuenta al consejo de administración. Es decir, el máximo órgano de administración del grupo naval está al margen de la política de contrataciones, de la que simplemente se informa una vez resuelta. Sea del importe que sea.

 

En el consejo de Navantia se sientan representantes de varios ministerios, pero son mayoría los de Defensa y Hacienda, con tres representantes por cada departamento. Son consejeros de Navantia, por ejemplo, Estanislao Pery Paredes, almirante jefe de Apoyo Logístico de la Armada; Carlos Sánchez Bariego, secretario del Observatorio Vida Militar del Ministerio de Defensa, o Juan Manuel García Montaño, director general de Armamento y Material. Entre otros, también está Fernando Rojas Urtasun, subdirector de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico del Ministerio de Hacienda, y  Gabriel Álvarez del Egido,  subdirector general del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.