Un cambio de rumbo inaplazable

17.11.2016

Lo hemos repetido hasta la saciedad: la valoración objetiva de una política solamente se puede medir por sus resultados. Si aplicamos ese criterio para evaluar, a la vista de los resultados contrastados,  la política marítima del Partido Popular en la última legislatura, solo se puede calificar de ruinosa para el interés general, para el propio sector y de un modo muy especial para los profesionales de la marina civil. Merece especial atención la manifiesta “capitanofobia” latente en las actuaciones llevadas a cabo.  La tramitación y aprobación de la Ley de Navegación Marítima es una muestra bien elocuente del espíritu que ha guiado las acciones políticas de un partido que ha demostrado carecer de una mínima sensibilidad para comprender el papel que debe jugar la Marina Civil en un país como España, un país que debería ser una gran potencia marítima.  No es menester repetir aquí los datos sobre nuestra flota civil, cuya dimensión es actualmente ridícula. El último ataque terrorista - por cierto, bien silenciado por la mayor parte de los medios- sufrido en el mes de noviembre de este mismo año por el buque extranjero GALICIA SPIRIT, abanderado en España, viene a confirmar que de los pocos barcos registrados bajo bandera española, algunos pertenecen a navieras extranjeras. Ni tenemos flota, ni siquiera capacidad de análisis para llevar un seguimiento racional y razonable de la evolución de los mercados de comercio por mar. Salvo excepciones, estamos en manos de cuatro especuladores que trafican a la puerta de casa con espíritu mezquino y cortoplacista.

 

                                                     

 La dispersión de competencias marítimas, la injerencia consentida y legitimada de la Marina de Guerra en el ámbito estricto de la marina civil- como en los mejores tiempos del franquismo-, y la arbitrariedad con la que actúan los poderes públicos apoyando y promocionando los intereses de la tecnocracia naval, en detrimento de las que deberían ser parcelas respetadas de los marinos civiles, han tenido y tienen consecuencias nefastas y, en ocasiones escandalosas, para el conjunto de los intereses marítimos  de España. No es necesario remontarse a la esperpéntica gestión de la catástrofe del petrolero “Prestige,” protagonizada en la trastienda por ideólogos de la náutica de moqueta y materializada por ignorantes rebozados de una osadía sin límites. Simplemente, con recordar los accidentes en frente a la playa de El Saler, o los de los  buques, OLEG, en Canarias, y "Sorrento", paseado a capricho del naviero por el Mediterráneo, o los sufridos por dos pesqueros en las costas de Asturias:   el del "Santa Ana", en el que la Guardia Civil hizo el ridículo de forma notable,  y el del "Mar Nosso" que se dejó en el fondo para evitar presumiblemente los escándalos de unas inspecciones de cloaca naval,  hay razones para reclamar al gobierno español un mayor sentido de la responsabilidad a la hora de dotar a nuestro país de equipos humanos y técnicos  capaces de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España, cuyo rango de obligatoriedad escapa de toda duda. Un Estado por muy condicionado que esté por la ideología de sus gobernantes y por las servidumbres que estas generan hacia determinados cuerpos y castas afines, nunca se debería supeditar la eficacia de su gestión a los compromisos ideológicos de quienes gobiernan.

Lo actuado en materia de Náutica de Recreo, con independencia de la necesidad de atender y dotar a este sector pujante de una normativa adecuada a su importancia, ha vuelto a derivar en políticas demenciales  y capitanofóbicas, por mucho que algunos con intereses directos en los negocios ligados al sector se empeñen en ensalzarlas y jalearlas públicamente. En otros países, con marinas de recreo más potentes y con mayor tradición, han sabido resolver este tipo de problemas sin necesidad de crear cismas absurdos y poner un yate gigante en manos de un capitán de recreo inexperto, que pudo haber iniciado su carrerilla náutica comprando un título en uno de esos mercadillos que han sido denunciados con tanta frecuencia.

En la pesca, donde las cuotas son arbitrarias y el esquilme progresa ante la inoperancia de unos y otros, y algunas lonjas han sido duramente sancionadas por trabajar en negro y de modo fraudulento, se han adoptado medidas que atentan directamente contra los intereses y la seguridad de los pescadores, cuya vida ya es dura de por sí. Las reducciones temerarias de las tripulaciones de las embarcaciones menores y el incremento del tiempo de cotización han colmado el despropósito de la política pesquera. ¡Qué decir de Navantia y su despilfarro permanente; Qué decir del reino de taifas de los puertos y la corrupción galáctica que los empeña. Qué decir de la cultura y la historia marítima secuestradas por los de siempre.¡

El gobierno a la hora de producir el relevo al frente de los asuntos marítimos debería tener muy presente que ha llevado un rumbo equivocado, que el daño causado es enorme, que seguir militarizando y tecnoburacratizando la Marina Civil es simplemente suicida. El balance no puede ser más negativo. Esperemos que esto lo entiendan el Gobierno y sus cómplices del momento.