LEY DE NAVEGACIÓN.- IU-ICV dice que la Ley de Navegación busca "consolidar privilegios de casta" implantados por Franco

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Pide la devolución del proyecto al Gobierno

Economía/Macro.- IU-ICV dice que la Ley de Navegación busca "consolidar privilegios de casta" implantados por Franco

 

Buque OCT Challenger
Foto: EUROPA PRESS/APA

Critica la renuncia a luchar contra la contaminación, que se mantenga la militarización y la intención de privatizar la seguridad

   MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una enmienda de totalidad pidiendo la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Navegación Marítima que, a su juicio, es "claramente regresivo" y que "lejos de defender el interés general viene a satisfacer y consolidar determinados intereses y privilegios de casta implantados durante la dictadura franquista".

 

   En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo parlamentario reconoce que "está fuera de duda" la necesidad de "actualizar" el Código de Comercio, de 1885, porque "no responde en absoluto a la realidad social y económica de la navegación del siglo XXI", así como "armonizar" el derecho marítimo español a los tratados y convenios internacionales

   Sin embargo, cree que el proyecto del Gobierno presenta "importantes deficiencias y carencias", que "abunda en la dispersión y en la confusión" y que "presenta marcados tintes mercantilistas, tecnoburocráticos y militaristas". Asimismo, reprocha que no se haya consultado con los sectores afectados antes de redactar el texto.

   "Es un proyecto claramente regresivo. Lejos de defender el interés general, viene a satisfacer y consolidar determinados intereses y privilegios de casta implantados durante la dictadura franquista. Supone una reforma encubierta y larvada de la administración marítima apuntando a la consolidación de privilegios tecnoburocráticos y a la re-militarización de una parte importante de las competencias de la Marina Civil", añade.

"MATRIMONIO FORZADO" CON PUERTOS DEL ESTADO.

    Así, IU-ICV-CHA lamenta que el Ejecutivo haya "renunciado" a presentar un proyecto de la Marina Civil, que es "lo que necesita España", y que "incurra en el error de conservar" la actual Ley de Puertos y Marina Mercante en paralelo a la nueva normativa de Navegación, lo que "duplica, solapa y contribuye al marasmo legislativo".

   "El matrimonio forzado de la Marina Mercante con Puertos del Estado ha resultado negativo para la marina civil y excesivamente caro para las arcas del Estado, obligando a éste a la venta de faros y a la privatización de instalaciones portuarias para hacer frente a la evidente pérdida de competitividad y ruina financiera. No hay razones para mantener esa ley (de Puertos y Marina Mercante)", argumenta la coalición.

    Así, recomienda al Gobierno que extraiga de la normativa vigente los contenidos sobre Marina Civil para una ley propia y que rescate las competencias "netamente náuticas que han sido injustificadamente transferidas a Puertos del Estado".

MENOS SEGURIDAD.

    Entrando en el contenido del proyecto de ley de Navegación Marítima, IU-ICV cree que se "merma la seguridad" en el mar, tanto por la "pobreza" de las definiciones como por la "confusión y la interpretación subjetiva" que se hará de muchos de sus preceptos, pese a que un sector tan regulado por tratados internacionales como éste debería dejar poco margen para novedades.

   Así, ve "absurda" la diferenciación jurídica entre 'buque' y 'embarcación', que se debe "presumiblemente a intereses de los sectores empresariales, especialmente de los armadores, con la pretensión de eludir o disminuir" los controles a los que están sometidos. En el mismo sentido, lamenta la falta de transparencia que se permite para el sector y el "intento de reducir" las exigencias sobre la documentación que debe tener el barco (diario de navegación, cuaderno de bitácoras, etc.).

   También critica que algunos aspectos queden muy poco definidos mientras en otros se llega a un detalle propio de los reglamentos lo que, interpreta la Izquierda Plural, se debe a la "presumible expectativa de un posterior desarrollo reglamentario a satisfacción de los corporativismos conservadores interesados".

CAPITÁN Y MARINERÍA.

   Por otra parte, la regulación que afecta a los capitanes es "decepcionante" y "no garantiza la protección jurídica de los derechos" de estos profesionales, a los que se "trata como si estuvieran cargados de responsabilidades pero fueran menores de edad a juzgar por su falta de autonomía y la tutela indirecta a la que se les somete", a veces incluso por funcionarios sin ninguna experiencia ni formación en este ámbito.

   "El capitán ha de obedecer ciegamente, salvo casos de fuerza mayor, las órdenes que le vengan dadas por cualquier funcionario público. Y se retorna a la idea de que el capitán debe anteponer los intereses del naviero a su propia vida, debiendo permanecer a bordo hasta que se pierda la última esperanza de salvar el barco, lo que no deja de ser una frase propia de las leyes de Oleron, pero carente de sentido en los tiempos actuales", critica.

   Además, el mecanismo de nombramientos y ceses es "casi dictatorial", al considerar al capitán un cargo de confianza que puede ser despedido por el armador en cualquier momento. Y, sin embargo, el proyecto no crea ningún mecanismo para garantizar que el nivel académico, titulación profesional, grado de especialización o experiencia profesional de los funcionarios relacionados con el sector son suficientes.

    En cuanto a la tripulación, la Izquierda Plural rechaza que se extienda la norma del 50% de tripulantes extranjeros a todos los buques nacionales, y prevé que en "un futuro próximo los buques del segundo registro (el de Canarias) puedan contratar a la totalidad de los tripulantes en otros países, con condiciones laborales precarias y, como consecuencia, degradando las condiciones laborales de los españoles".

SALVAMENTO Y CONTAMINACIÓN.

   Por otra parte, IU-ICV critica que se haya "perdido la oportunidad" de modernizar y actualizar el sistema de gestión ante siniestros marítimos, así como que se "diluyan" las medidas de lucha contra la contaminación y los deberes de la administración en este sentido o que se permita una "manifiesta ausencia" de las reformas que hacen falta para reducir la "alta siniestralidad" de la flota española.

   "La intención de este Gobierno es eliminar cualquier control legal al fracking y la extracción de petróleo en Baleares, Canarias y Valencia", acusa la coalición, que cree además que "la exigencia de que la contaminación sea intencional y grave ata las manos de los poderes públicos".

   En cuanto a salvamento marítimo, la Izquierda Plural teme que se abogue "claramente" por una privatización de la seguridad marítima, lo que "no deja de causar sorpresa después de la catástrofe del Prestige". Y es que en el proyecto "desaparece cualquier mención a los servicios públicos de búsqueda y salvamento", que "no son una prioridad" para este Ejecutivo.

   Por último, se critica la decisión de conservar el Tribunal Marítimo Central, así como de mantener la "militarización" de los buques civiles de investigación, museos y archivos sobre la Historia de la Marina Civil y el acceso a los pecios, al otorgar el poder decisorio sobre la arqueología submarina a la Armada. "Esto en principio no merece una valoración negativa, pero sería imprescindible crear un órgano civil que comparta esa responsabilidad", concluye la enmienda.