Ante el alud inmigratorio: pacto de Estado y de UE o fracaso total de cualquier medida

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diariojuridico.com

Eduard SagarraPor Eduard Sagarra, abogado, presidente de la Asociación para las Naciones Unidas en España y profesor de Derecho Internacional UB – ESADE

Ante los luctuosos sucesos de Ceuta y las avalanchas humanas en Melilla, cabe preguntarnos si es posible, hoy, poner puertas al campo o fronteras en el mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico para atajar la previsible, probable y segura entrada ilegal de inmigrantes irregulares desde el norte y el oeste de África, dirigidos y liderados con sagacidad por los mercaderes de esclavos como lo son “las mafias”.

Sobre lo ocurrido en Ceuta, el Ministro del Interior de España justificó, en un primer momento, el uso de medidas de prevención y protección de las fronteras, defendió la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado y a la guardia civil por el uso de pelotas de goma “disuasorias”; pero lo que fue sorprendente es que inventó un concepto nuevo y “alegal” de frontera marítima, que entiendo, no es acorde con el derecho internacional ni con el derecho del mar, y a la par es contraria al derecho Internacional de los derechos humanos. El derecho del mar obliga al socorro y salvamento de cualquier persona esté donde esté, y sea del color o religión que sea, esté embarcado, sea polizón o llegué a nado a una costa. Con posterioridad a esta osada teoría, el delegado del Gobierno en Ceuta, Antonio González, afirmó que quien “llegue a una playa española no significa que esté en España”. Ante ello debe de afirmar y recordar a aquella autoridad que, de acuerdo con el derecho internacional público general, el territorio de un Estado y donde ejerce su soberanía y competencia territorial y personal está integrado por el territorio terrestre, el marítimo y el aéreo, sin exclusiones temporales o coyunturales.

Afortunadamente tras algunas diferencias con las autoridades europeas, las ONG y las asociaciones defensoras de los derechos humanos, otras fuerzas políticas españolas y no españolas, finalmente el Ministro del Interior reconsideró su posición inicial, reconoció el uso injusto de las medidas disuasorias que comprendían el uso de las pelotas de goma , pero lo más importante es que puso manos a la obra en buscar salidas al alud humano previsible .Sin embargo nadie ha resultado ni culpable ni puestas en entredicho oficial las autoridades que ordenaron el uso de escopetas con pelotas de goma contra quienes intentaban alcanzar la “playa y costa española” a nado. La intención, loable, era ver como se podía recomponer y afrontar este puzzle, impenitente y difícilmente solucionable, de la afluencia masiva de inmigrantes.

Todos en este país sabemos que no es un problema nuevo; es una situación permanente, es recurrente y lo que es peor, la llegada por tierra, mar y aire, de miles de individuos nunca ha cejado en los últimos treinta años. Baste con recordar, que en el año 1978, cuando se aprobó en España la onstitución y se garantizó a los extranjeros la titularidad de derechos y libertades (art 13.1 CE). En aquel entonces, el censo de extranjeros rondaba los 173.000 (en general acomodados y con trabajo estable) mientras que en el año 2013 el censo de extranjeros empadronados era de 5.736.258 personas, sin contar los posibles irregulares, sin empadronar. No seamos demagógicos gratuitamente ni alarmistas ante estas cifras, y constatemos que no todos los extranjeros que viven con nosotros –en la playa o en el interior de las fronteras– son “inmigrantes” en el sentido más común del término. Hoy en día España cuenta con una población de más de 47 millones de habitantes, y en cuyo censo de extranjeros más de la mitad, regulares o irregulares, son originarios o ciudadanos de la Unión Europea (aprox. 2.073.076 habitantes).

Ahora bien, debemos señalar que de los mismos, más de un millón son de origen rumano (882.238) y de origen búlgaro (168.011), que hasta hace poco tiempo, eran considerados como ciudadanos sin la plenitud del derecho a trabajar en España, necesitando permiso de trabajo expreso aquí y en otros países de la Unión. Muchos de nuestros conciudadanos creen todavía que rumanos y búlgaros son extracomunitarios como lo son los provenientes de Marruecos, Ecuador o China. Asimismo, hemos de tomar en consideración que desde el 2013, Croacia es el 28 Estado de la Unión uropea y desafortunadamente no tenemos constancia del número de ciudadanos croatas actualmente en España. El 5 de marzo 2014, tras una entrevista tensa con la Comisaria responsable de Interior y Justicia de la Unión, la Sra. Cecilia Malström, el Ministro de Interior, el Sr. Fernández Díaz, se lamentó de la falta de solidaridad de Europa hacia España y los países Mediterráneos y propuso “Catorce medidas para frenar la presión migratoria”, reafirmándose en la necesidad de un pacto de Estado para afrontar la inmigración irregular”. A la vez se entrevistó con las autoridades fronterizas marroquíes, suponemos para llevar eficazmente a cabo una operación de prevención conjunta y de retorno de los irregulares, pero en ningún caso (esperamos que fuera para pactar una “devolución o expulsión en caliente” no prevista en la Ley Orgánica de Extranjería ni en otros instrumentos internacionales obligatorios, hoy por hoy, en España.)

Entre las medidas para frenar la presión migratoria se encuentran:

- Creación de unidades móviles de policía.

- Aumento las medidas de seguridad perimetrales.

- Adquisición de nuevas embarcaciones de vigilancia marítima.

- Creación de una oficina temporal en la que se integren comisiones de dentificación de los países de origen de los inmigrantes con mayor incidencia, de manera que se agilice el eventual retorno de los mismos.

- Adecuación de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CEI) de Ceuta y Melilla y, en su caso, la habilitación de instalaciones adicionales en condiciones de habitabilidad adecuadas, para hacer frente a las contingencias provocadas por la extraordinaria presión migratoria.

- Concesión de ayudas para el fomento del retorno voluntario a sus países de origen desde países de tránsito, en colaboración con la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

- Concesión de ayudas económicas a los países de origen de los inmigrantes irregulares para que puedan reforzar los servicios de prevención de la inmigración irregular y de prevención y lucha contra las redes dedicadas al tráfico ilegal de inmigrantes.

- Concesión de ayudas económicas a terceros países, de los países de tránsito para el refuerzo del control de sus fronteras, en particular entre Argelia y Marruecos.

- Solicitar 45 millones de euros a la Unión Europea imprescindibles y mínimos para pagar solidariamente el gasto de toda esta nueva política migratoria.

Sobre esta última propuesta, creemos imprescindible la colaboración de Europa. España no puede hacer frente, por si sola a este problema. La solución es a todas luces europea, y no española, italiana o maltesa.

Aplaudimos este giro de la política española siempre que cualquier paso o medida en la frontera terrestre o marítima con África, respete los derechos fundamentales y las libertades públicas de todas las personas, nacionales, extranjeros regulares o irregulares, de conformidad a la ley y a los principios que informan nuestra Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos al que estamos obligados en virtud de la propia Constitución, art. 96.1.

Los inmigrantes irregulares son solo eso, inmigrantes, pero ante todo son personas, es decir, lo que denominamos “seres humanos” no mercancías ni animales. Luchar contra la inmigración irregular no supone hacer dejación de lo que somos o aspiramos como sociedad democrática justa y avanzada, y de lo que defendemos respecto a la dignidad de cualquier ser humano. ¡Nos ha costado mucho alcanzar nuestras libertades, derechos fundamentales y nuestro estado social de derecho, tras 1975, para olvidarlo en la línea fronteriza o en la playa de Ceuta al tratar al “otro”!

Pero si no se lucha contra las mafias dentro de España o allende nuestras fronteras; si no se lleva a cabo una política común e implicada de los países del norte de nuestro continente y de toda la Unión Europea, sino se gestiona eficazmente la cooperación internacional con los países de origen, y la ayuda al desarrollo; cualquier medida resultará ineficaz.

El origen de la inmigración masiva irregular no se halla solo en las fronteras exteriores de la Unión o de Schengen, ni en el interior de la “tierra prometida” que es hoy Europa para el resto del mundo. La verdadera razón la encontramos fundamentalmente en la imperiosa necesidad que todos tienen de emigrar.

Las causas son múltiples: la desertización, los desastres naturales, las guerras pero, sobre todo, huir de la miseria, del hambre, de la corrupción, de la falta de libertades y derechos mínimos o de la explotación de las mafias, de sus propios gobernantes y de los militares o dictadores tolerados, aupados y sostenidos por la propia Europa bajo la excusa o la justificación de favorecer unas relaciones comerciales o explotación de recursos naturales que son buenas para nuestra balanza comercial y PIB. Las más de las veces, mediante un lucrativo negocio de tráfico de armas que se utilizan por sus gobernantes contra la población. Ante esta situación, cabe exigir que el gran pacto de Estado para afrontar con sensatez la inmigración, que hoy sugiere el ministro y el Gobierno del Sr. Rajoy, sea un pacto verdadero y sin “trampa ni cartón”. No queremos poner en duda la voluntad del gobierno pero, resulta sospechoso que durante el debate del Estado de la Nación en el Congreso de Diputados, no se hiciera ninguna mención y falta aún una concreción del, hasta hoy, deseo de pacto.

Muy al contrario, la inmigración y el drama de Ceuta fueron armas dialécticas, arrojadizas y objeto de acusaciones mutuas cargadas de sinrazón, entre PP y PSOE. Hoy, al cabo de un mes, siguen siéndolo pero han pasado de la página política a la crónica de sucesos. Este gran pacto de Estado no debe limitarse a las fuerzas políticas y sociales españolas, ni quedar sobre el papel para guardarse en las hemerotecas, sino que ha de ser también para toda nuestra sociedad e instituciones españolas y del resto de los estados europeos.

Creemos y reiteramos que Europa es y debe seguir siendo la defensora a ultranza de los valores, principios y derechos humanos de todos y para todos.

Me alegra que no hayan sido estériles ni inútiles las reiteradísimas peticiones de muchos “extranjeristas defensores de los derechos humanos” a todos y cada uno de los gobiernos que se han sucedido en España desde la transición, la necesidad de este pacto de Estado. La extranjería y la nmigración requieren que ningún partido o fuerza social se pueda sentir marginada. Hay pocas políticas de estado pero la de marzo 2014 es una de las políticas imprescindibles y esenciales –al igual que la de luchar contra el paro y contra la corrupción– a abordar codo a codo sin distinción de colores ni siglas.

Sin la cooperación internacional, la lucha impenitente y sin concesiones contra las mafias organizadas y multinacionales, las dictaduras, los explotadores y sobre todo, sin una política española y europea común, que cuenten con un respaldo económico de la Unión, las medidas tomadas no servirán para nada y pronto el problema y la situación resultantes serán inabordables.

Si no es así, cabrá reafirmar, con pesar, una obviedad y es que: “no seamos ilusos, que no se pueden poner puertas al campo en el sur del Mediterráneo ni fronteras materiales en el mar, aunque se halle en calma y favorezca la navegación.”